Vox ha pasado de las palabras a los hechos. Tras meses de mítines y mensajes incendiarios contra el feminismo o la inmigración, el partido de Santiago Abascal está dispuesto a utilizar las instituciones donde tiene representación para llevar a cabo sus cruzadas ideológicas.
La formación política que logró dar la sorpresa en las andaluzas e irrumpió con 12 diputados en la Cámara autonómica ha decidido utilizar los mecanismos de control parlamentario para poner en marcha una caza de brujas entre los funcionarios de la Administración. Su primer objetivo son las unidades contra la violencia machista. El presidente del grupo parlamentario, el polémico exjuez Francisco Serrano, ha solicitado a la presidenta de la Cámara andaluza "una relación detallada con los nombres y apellidos" de los empleados públicos de las Unidades de Valoración Integral de Violencia de Género del Instituto de Medicina Legal.
El anuncio es mucho más que una declaración de intenciones. Forma parte de la campaña de Santiago Abascal, que a dos meses de las elecciones generales, donde todas las encuestas pronostican una considerable subida, quiere enviar un mensaje a los suyos de hasta dónde está dispuesto a llegar en las instituciones. El partido de extrema derecha ya se había quejado de que la Junta que ahora preside el popular Juan Manuel Moreno Bonilla no enviase a la Policía los datos de los inmigrantes sin papeles que constan en la sanidad andaluza. Y ahora emplea los mecanismos parlamentarios para arremeter contra el personal que trabaja en la atención a víctimas de violencia machista.
Irene Castro, en eldiario.es
