Una sentencia del Tribunal Supremo sobre los derechos de las víctimas del amianto crea una jurisprudencia de fundamental importancia para las miles de personas que enfermaron tras estar expuestas a ese agente cancerígeno durante su etapa laboral. El fallo del alto tribunal viene a acabar con la inconcreción legal existente hasta ahora y obliga a las empresas del sector que absorbieron a otras a asumir las negligencias previas a la fusión. Asimismo, establece el pago de bonificaciones a las simples prestaciones de invalidez o viudedad tal como reclamaban los afectados en procesos abiertos hace muchos años y que no encontraban el respaldo legal que ahora obtienen. Ese recargo económico puede llegar al 50% de la pensión que se percibe y se calcula que más de 10.000 personas pueden resultar beneficiadas.
Como en muchos otros litigios, la exasperante lentitud de la maquinaria judicial y las estratagemas dilatorias de las compañías han hecho que la sentencia llegue muy tarde para todos aquellos que han perdido la vida a consecuencia de dolencias tan agresivas como las asbestosis o el cáncer de pulmón. El goteo mortal todavía no ha acabado porque las enfermedades provocadas por el amianto se desarrollan progresivamente y pueden tardar décadas en manifestarse en sus peores consecuencias. Ante este panorama de indefensión de miles de personas, y aunque tardía en el tiempo, bienvenida sea una sentencia que hace justicia.
El Periódico
