Pablo Gorostiaga, condenado a nueve años de cárcel por su relación con el clausurado diario Egin a resultas de la arbitraria identificación establecida por Garzón entre la pertenencia al amplio y diverso universo de la izquierda abertzale y el delito de colaboración con ETA, ha sido víctima de una cruel situación derivada de la política de dispersión y alejamiento de los presos vascos. Su esposa Judith Uriarte ha fallecido tras una larga enfermedad y el que fuera alcalde de Laudio no ha podido despedirle en vida, a pesar de que el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria autorizase el pasado viernes su desplazamiento, puesto que hasta hoy, martes, ya demasiado tarde, no se ha procedido al traslado, de manera que para cuando ha llegado a la cárcel de Ocaña, a cien kilómetros de Herrera de la Mancha, prisión en la que cumple condena, su mujer ya había fallecido. Una más de tantas muestras del castigo añadido, innecesario y vengativo del alejamiento que hace mucho más complicado el proceso de normalización.
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