No habían transcurrido ni veinticuatro horas de la advertencia del Jefe de Estado al presidente de Gobierno, el dolor vendrá después, cuando efectivamente Pedro Sánchez pudo comprobar cuanta razón encerraba el aviso de Felipe VI. La doble bofetada judicial del Tribunal Supremo, manteniendo la prisión e inhabilitación de Oriol Junqueras contra la reciente decisión del Tribunal de Justicia Europeo, indica muy meridianamente que las puñetas de la oposición togada, liderada desde el Poder Judicial por el siempre diestro magistrado Carlos Lesmes, es más eficaz que la de las tres derechas dirigidas por el trío Casado, Abascal y Arrimadas. Así la derrota parlamentaria del PP, Vox y Cs del pasado martes es bastante compensada por su victoria leguleya de ayer jueves.
La Sala de lo Penal del Supremo se opone incluso a cualquier permiso penitenciario a Junqueras para que pueda trasladarse a la sede del parlamento europeo, que lo reconoce como diputado, porque la Sala de lo Contencioso confirma su inhabilitación por la Junta Electoral Central. Pese a que el propio presidente de la JEC, Antonio Jesús Fonseca Herrero, es asimismo uno de los magistrados de lo Contencioso del Tribunal Supremo. Paradoja a la que hay que sumar la cuestión prejudicial elevada por el presidente de la Sala de lo Penal, Manuel Marchena, al Tribunal de Luxemburgo sobre el diputado preso Junqueras, que ha sido desoída dado que la respuesta favorable a la presencia del prisionero de Lledoners en Bruselas no es de su agrado.
Salvo el decadente euroilusionismo de los nuevos sacristanes políticos, heredado del viejo eurocatetismo tradicional, nadie se sorprende. Si Polonia y Hungría hacen de su capa judicial un sayo, ¿por qué el Tribunal Supremo español no iba a hacer con sus puñetas lo mismo? Caben bien, por supuesto, todo tipo de recursos judiciales, pero el excelente equipo jurídico del Partido Popular sabrá encontrar oportunas argucias legales para continuar vistiendo como presidiario a Oriol Junqueras. Si además el Tribunal Supremo cuenta con el aval de la Fiscalía General del Estado, contra la opinión de la abogacía general, miel sobre hojuelas justo en las vísperas de la conversación telefónica del presidente Sánchez con el president Torra.
Más allá de las intenciones subjetivas del Tribunal Supremo, este serrucho judicial intenta cortar las cuatro patas de la Mesa del Diálogo que la Moncloa y la Generalitat se disponen a montar nada más se constituya el gobierno de Pedro Sánchez. Es una nueva zancadilla más a la perspectiva de un posible encauzamiento de la histórica cuestión catalana. Si la Unión Europea fue un argumento de peso contra el soberanismo, durante el procés, ¿por qué deja de serlo cuando los tribunales belgas, escoceses, alemanes y suizos dan la razón siempre a los derechos políticos de los soberanistas? Quizás la explicación resida en esa contundente negativa del PP a negociar la renovación de un Poder Judicial caducado desde finales de 2018.
Fernando López Agudín, en Público
