sábado, 21 de diciembre de 2019

LA ECONOMÍA DEL AYUNTAMIENTO DE OLITE ESTÁ SANEADA, SEGÚN EL INFORME DE COMPTOS

El órgano autónomo fiscalizador de las cuentas públicas navarras, la Cámara de Comptos, acaba de emitir un informe en el que aprecia que la situación económica del Ayuntamiento de Olite/Erriberri está “saneada” y ha mejorado en los últimos tiempos.
            Los auditores han analizado las cuentas de 2018, junto al cumplimiento legal de la gestión económico-financiera, y han observado un ahorro positivo de 246.000 euros y que las arcas municipales guardan un remanente de tesorería superior al millón de euros.
            La deuda, no obstante, sigue elevada (3,7 millones), sobre todo por la secuela de la fallida operación urbanística de la Moraleja de hace tres legislaturas (1,8 millones). No obstante, señala Comptos, el año pasado el endeudamiento del Ayuntamiento se redujo un 6%. En este periodo Olite/Erriberri gastó 3,7 millones e ingresó 4,2 millones.
            Los dos capítulos de gasto más importantes fueron los bienes corrientes y servicios (1,5 millones) y el personal (1,4 millones). El tercer capítulo corresponde a inversiones, con un importe significativamente menor, 250.000 euros. En cuanto a ingresos, los impuestos directos suman 1,4 millones, las transferencias corrientes (principalmente del Gobierno de Navarra) 1,2 millones y lo recaudado a través de tasas y precios públicos 670.000 euros. El informe incluye una serie de recomendaciones para seguir mejorando la gestión económica en las diferentes áreas de la actividad municipal.
El Olitense

SALVAR LA UNIDAD DE ESPAÑA, MÁS ALLÁ DE LA LEY

Desde que hace unos años las instituciones autonómicas catalanas emprendieron el camino del soberanismo en lo que se conoce como el Procés, los poderes centrales del Estado optaron por la respuesta judicial. En vez de abrir ningún tipo de negociación política se prefirió desde el principio que fuera el Tribunal Constitucional el que prohibiera no ya la realización de un referéndum consultivo sino incluso que en el Parlament se pudiera hablar, incluso sin efectos jurídicos, nada relacionado con la eventual autodeterminación de Cataluña. El cerrojazo judicial llevó a unas decisiones muy discutibles por parte de los líderes independentistas que hicieron que el Procés se fuera radicalizando hasta salirse definitivamente de la senda legal y constitucional. Ahora es el Tribunal Supremo el que ha venido a enjuiciar los hechos de hace dos años. No hay ninguna duda de que con la organización del referéndum inconstitucional del uno de octubre se cometió un delito de desobediencia. Lo reconocieron los propios encausados. Lo sorprendente ha sido que el Alto Tribunal va mucho más allá.  (klik egin-ver más)
Joaquín Urías, en ara.cat