¿QUÉ ESTÁ PASANDO CON EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL?

          

                   Los tribunales constitucionales son un invento relativamente reciente. Hace un siglo justito de que se creó el primero, pero es una institución casi inexistente en el Estado democrático hasta la segunda mitad del siglo veinte. Su existencia está estrechamente vinculada a la constitución normativa: la idea de que la constitución es una regla jurídica que hay que cumplir es muchísimo más reciente de lo que la gente cree. Las primeras constituciones son documentos filosóficos que reflejan una visión ideal de los objetivos de la sociedad, pero carecen de fuerza jurídica. Históricamente lo que aplican a diario los jueces  no es ese texto cargado de principios vagos, sino la ley. La voluntad del parlamento.  (klik egin-ver más)

Joaquín Urías, profesor de Derecho Constitucional, ex-letrado del Tribunal Constitucional (en CTXT)

PATXI ZAMORA, "GUERRA SUCIA" Y PERSECUCIÓN POLÍTICA

                     Que el Gobierno central admita ahora, más de tres años después, que el despido del periodista Patxi Zamora de la empresa Iberia, donde llevaba más de 30 años de trabajo como auxiliar de vuelo, se debió a sus ideas políticas es un enorme escándalo democrático. Lo único bueno de este reconocimiento público de la persecución laboral de una persona por sus forma de pensar y participar en listas electorales de ANV de su localidad es que se pone lápiz y papel y membrete oficial a lo que era un secreto a voces. Un episodio de guerra sucia de los aparatos políticos y policiales del Estado, entonces bajo gobierno del PP, que vulnera los principios constitucionales y los valores de cualquier sistema democrático. El episodio vital de Patxi Zamora durante estos tres años ha sido surrealista con una sucesión de capítulos del serial kafkiano que puso en marcha el despido de quien también ejerció como portavoz de Kontuz!, un colectivo social dedicado a la labor de investigación y denuncia de la corrupción con apariencia de legalidad en el anterior régimen de Navarra.   (klik egin-ver más)

Joseba Santamaría, en Diario de Noticias

¿NO TIENE NADA QUE VER GRANDE-MARLASKA CON LA ÚLTIMA CONDENA A ESPAÑA DE ESTRASBURGO?

La información de El Diario Vasco omite cualquier mención a quien fue juez instructor del caso, el actual ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska

Os imagináis una crónica de la primera liga de la Real sin mencionar Zamora? O la última supercopa del Athletic sin mencionar a Villalibre? Pues algunos creen que es posible dar esta noticia sin mencionar a Fernando Grande-Marlaska. Cómo se llama eso?   (Iñaki Galdos, en Facebook)

LOS HOMBRES QUE RESUCITARON A LIBERTY VALANCE

                        Pues bien, hace escasas horas el TS se ha puesto las pilas, o lo que se ponga, y ha decidido volver a juzgar a Otegi. Por unanimidad. Es decir, en comunión con todos sus hipotéticos sectores. Verdaderamente esa es la noticia en este asunto. Son 16 bravos jueces 16. Lo que supone una  ausencia de matices en una decisión radical y de riesgo. Una apuesta por una jugada democráticamente cuestionable –la Justicia debe ser democrática, o apaga y vámonos; la justicia no es un estado de ánimo, es la ley formulada en democracia, un corpus que ya no es exclusivamente estatal–, en la que el TS tiene mucho que perder. Más que Otegi y los otros acusados, incluso, que pueden no perder más de lo ya perdido en esta partida. Mucho. Varios años de su vida. Interpretación sobre la unanimidad: presupone presiones –es decir, también premios y castigos– y la sospecha de que es, a su vez y únicamente, una exhibición ante el TEDH, para que esos chupatintas de Washington, que no entienden ni el Gran Estado de Mississippi, ni sus costumbres, se callen. Esa unanimidad es infrecuente, por definición, en una institución democrática para decisiones de ese calado y tendencia. Esa unanimidad es un indicio de algo, efectivamente, enrarecido en la Justicia, más profundo de lo previsto. Y lo que es peor, presagia votaciones unánimes futuras. Para encarcelar a Lula, por ejemplo y sea lo que sea Lula por aquí abajo. El TS, en fin, puede estar a dos votaciones unánimes de proclamar la unanimidad. Socorro.   (klik egin-ver más)

Guillem Martínez, en CTXT

EL SUPREMO SE ENSAÑA Y ORDENA JUZGAR DE NUEVO A OTEGI Y SUS COMPAÑEROS DE BATERAGUNE

                        En una decisión que no tiene precedentes, el Pleno de la Sala Segunda del Tribunal Supremo español ha decidido por unanimidad que se juzgue de nuevo a Arnaldo Otegi, Rafa Díez, Sonia Jacinto, Miren Zabaleta y Arkaitz Rodríguez en la Audiencia Nacional por el ‘caso Bateragune’, por el que ya cumplieron hasta el último día condenas de 31 años de cárcel en total, según ha informado en una breve nota de prensa. 

                            La decisión se ha tomado con una rapidez insólita, ya que los dieciséis magistrados se han reunido esta misma mañana, y en coincidencia con el criterio de la Fiscalía del Supremo. En su nota señalan que adoptan la decisión de repetir el juicio «en cumplimiento del art. 4.2 del protocolo 7 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, que excluye la prohibición de doble enjuiciamiento en supuestos como el que ahora se resuelve». Afirman que también se fundamenta «en los precedentes de la propia jurisprudencia de la Sala».

                  Es la primera vez que se repite un juicio anulado por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, desde que en 2015 se legisló cómo aplicar las sentencias, y después de que el propio Supremo cerrara el caso.

                   Los razonamientos jurídicos de la sentencia, de la que es ponente el magistrado Miguel Colmenero, se conocerán más adelante.

naiz.eus

UN ABRAZO A QUIEN LO NECESITE

        El 19 de junio de 2009 desayuné con varias llamadas en el teléfono. Me dijeron que ETA había asesinado en Arrigorriaga a un policía llamado Eduardo Puelles y sin mucha más información tuve la certeza de que se avecinaban días duros. Eran alrededor de las nueve de la mañana. Los medios andaban ya recogiendo declaraciones y recuerdo que hablé con Bizkaia Irratia. Entre otras palabras atropelladas dije algo que ahora me parece premonitorio. Si ETA quería obedecer la voluntad del pueblo vasco, debería desaparecer inmediatamente. Todavía no lo sabíamos, pero aquel fue su último atentado en nuestra tierra.

       Pasó el verano y el 13 de octubre todos los servicios informativos de la noche abrieron con la misma noticia. A las seis de la tarde, la Policía española había rodeado la sede del sindicato LAB y se había llevado detenidos a nueve dirigentes de la izquierda abertzale. Después de escuchar sus declaraciones, Baltasar Garzón encarceló a Arnaldo Otegi, Rafa Díez, Sonia Jacinto, Miren Zabaleta y Arkaitz Rodríguez. El magistrado acusaba a los impulsores de Bateragune de formar parte de ETA. Su argumento era que los acusados pretendían forzar un alto el fuego y concurrir a las elecciones municipales y forales de 2011.  (klik egin-ver más)

Jonathan Martínez, en kamchatka.es

LOS CONDENADOS DEL CASO BATERAGUNE RECLAMARÁN UNA INDEMNIZACIÓN AL ESTADO

     El Tribunal Supremo anuló ayer la sentencia del caso Bateragune después de que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) condenase a España por la parcialidad de una jueza.

     El coordinador de EH Bildu, Arnaldo Otegi, el exdirigente sindical Rafa Díez, Miren Zabaleta, Sonia Jacinto y el secretario general de Sortu, Arkaitz Rodríguez, cumplieron penas de seis y seis años medio de prisión, ademas de ser inhabilitados para cargo público.

     El abogado de los cinco, Iñigo Iruin, ha anunciado este sábado en San Sebastián que presentarán una reclamación de indemnización al Estado por "error judicial". El abogado ha señalado que la Ley Orgánica del Poder Judicial establece que en el caso del "error judicial" no es necesario otra sentencia que reconozca ese error porque el fallo de ayer del Supremo ya lo hace de forma "tácita", por lo que reclamarán la "responsabilidad patrimonial del Estado" y la indemnización correspondiente, para lo que tienen un plazo de un año.

     Iruin ha explicado que las sentencias del Tribunal de Estrasburgo son "jurídicamente obligatorias" para los Estados pero "no ejecutivas", por lo que son los tribunales nacionales los que deben establecer cómo se aplican.

     El fallo del TEDH consideró que hubo una vulneración de los derechos de Otegi al ser juzgado por un tribunal "no imparcial" y ahora el Supremo ha declarado la "nulidad total" del proceso en la Audiencia Nacional y el propio TS, lo que incluye a los otros cuatro condenados. "No debieron ser condenados en ningún caso", ha sostenido.

    Arnaldo Otegi ha considerado "curioso" que el fallo del Supremo se produzca "quince días después" de haberse celebrado las elecciones vascas, en las que no pudo ser candidato. "Seguramente han tenido que alargar las deliberaciones para escribir un folio" de sentencia que aplicara el fallo de hace dos años del Tribunal de Estrasburgo, ha ironizado.

   El dirigente abertzale ha opinado que este caso fue una "operación de Estado, urdida por los aparatos del Estado con un gobierno del PSOE", que buscaba "impedir que la izquierda abertzale cambiara de estrategia" abandonando la lucha armada, "dividir" a la izquierda abertzale encarcelando a los que consideraban sus "activos más importantes" y "destruir el proyecto de la izquierda independentista".
Agencias

8-M, ALSASUA Y OTROS INFORMES DE INTENCIONALIDAD POLÍTICA

No voy a ser yo quien defienda al ministro Marlaska. Creo que sus antecedentes como juez-estrella de la Audiencia Nacional negándose a investigar sistemáticamente denuncias de torturas y malos tratos de personas detenidas e incomunicadas y las cinco condenas que acumula ya por ello el Estado español del Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo le inhabilitan democráticamente para ocupar un sillón en el Consejo de Ministros. Marlaska ha disfrutados de los tiempos de glorificación política y mediática de aquellos jueces que hacen y deshacen a sus anchas amparados en el poderoso fortín de la justicia de excepción de la Audiencia Nacional. La glorificación se mantuvo –Marlaska llenaba páginas de periódicos, espacios radiofónicos y platós de televisión–, mientras sus decisiones caían bien, se ajustaban a lo que se espera de un modelo judicial sometido a las directrices de la política, en el que se anula la separación de poderes democrática. También les pasó a otros. Garzón fue juez-estrella mientras sirvió desde su impunidad judicial a determinados intereses políticos, económicos, judiciales o mediáticos, pero cometió el error de creerse que su impunidad era eterna. Arremetió contra los crímenes del franquismo, aún amparados por el sumiso silencio del Estado, y acabó también como juez estrellado en el Tribunal Supremo y su carrera judicial finiquitada. Ahora Marlaska es la pieza a cazar por los mismos que le elogiaban hasta el asco más pastoso cuando firmaba sin chistar los informes de la Guardia Civil que sostenían malamente macrosumarios político-judiciales. Pero en cuanto ha puesto pie en pared contra uno de esos informes –conformado por bulos, manipulaciones informativas, testimonios manipulados, errores de bulto, vídeos off de record robados, etcétera–, elaborado por el coronel de la Guardia Civil Pérez de los Cobos contra el delegado del Gobierno en Madrid por el 8-M y contra Fernando Simón y lo ha cesado, su buena prensa se ha acabado. El informe de Pérez de los Cobos –un personaje sombrío con antecedentes antidemocráticos de manual y representante de la imagen más reaccionaria de la Guardia civil–, es un ejemplo más del uso político de las fuerzas de seguridad y de la justicia. No hay pruebas mínimas en el mismo que puedan sostener indicio alguna sobre las acusaciones que investiga la juez Rodríguez Medel, pero pese a ello contiene unas conclusiones que conforman un relato no fundamentado, pero con indisimulada intencionalidad política. Convenientemente filtrado a los medios afines, la bola de la campaña de manipulación social y agitación política para intentar armar un proceso judicial ya predeterminado sin las garantías mínimas de la justicia democrática está en marcha. Un caso que guarda todas las similitudes en la forma, el fondo y el tipo de protagonistas al que padecen los jóvenes de Alsasua –y a otros anteriores en este país–, que acumulan ya 1.300 días de cárcel. Un sistema en el que se entremezclan intereses partidistas, cloacas policiales, nepotismo familiar y polítización de los altos tribunales de justicia que a nadie le puede pillar por sorpresa a estas alturas de la progresiva devaluación de la democracia en el Estado español. Menos a quienes conociendo este sistema han mirado durante años hacia otro lado –o han sido colaboradores del mismo incluso–, porque no les afectaba y ahora son sus víctimas.

Joseba Santamaría, en Diario de Noticias

PÉREZ DE LOS COBOS, UNA FAMILIA DE INVOLUCIONISTAS

Pérez de los Cobos, el coronel de la Guardia Civil cesado ayer es un fascista pata negra que durante el golpe de Estado de 1981 se vistió con su camisa azul de la Falange y se presentó en el cuartel de la G.C de Yecla (Murcia), para ponerse a disposición de los golpistas.

Fue juzgado y absuelto por torturas al miembro de ETA Kepa Urra, al que llevaron de madrugada a un descampado y después de desnudarlo, golpearle con un objeto desconocido y arrastrado por el suelo.

El hecho ocurrió en plena investigación por el GAL. Las torturas fueron recogidas por dos relatores de la ONU y en un informe de Amnistía Internacional en 1993. Mientras tres subordinados fueron condenados a 12 años y 6 meses de prisión, el jefe del operativo, Pérez de los Cobos, fue absuelto. Al año siguiente el Tribunal Supremo redujo las penas a un año y en los meses posteriores fueron indultados parcialmente. A los 2 años el TS anuló sus condenas.

Fue el encargado por el gobierno de Rajoy de intentar evitar y posteriormente reprimir a palos el referéndum del 1 de octubre en Cataluña. Además de estar involucrado en las cloacas del Estado y la policía política del ministro de Interior de Rajoy, Fernández Díaz.

Su hermano Francisco Pérez de los Cobos fue miembro y militante del PP, fue elegido presidente del Tribunal Constitucional por unanimidad de todos sus miembros, lo que da una idea de los fascistas que lo conformaban y bajo su presidencia se dictó la sentencia que pisoteó el Estatut de Cataluña aprobado por el Parlamento Catalán y Español y refrendado en un referéndum. Lo que para catedráticos de Derecho Constitucional y ex miembros del TS fue un auténtico golpe de Estado judicial a la soberanía popular que reside en los Parlamentos. Posteriormente este fascista se presentó al Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo afirmando saber leer y escribir en inglés. Sin embargo se publicó que no respondió en ese idioma cuando fue preguntado en la entrevista que le realizó el 12 de enero de 2018 la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa. No obtuvo ningún voto, a pesar de las presiones políticas para colocarlo en ese tribunal.

El padre de ambos, Antonio Pérez de los Cobos, se presentó en las elecciones en 1977 por  Fuerza Nueva en Yecla. Lo que demuestra una vez más que los franquistas y sus heederos ideológicos siguen ocupando las altas instancias legislativas, ejecutivas y judiciales. Como ha afirmado en repetidas ocasiones el sr. Pérez Royo, catedrático de Derecho Constitucional: España apesta a franquismo. 

(Leído en las redes sociales)

¿LA FUERZA SIN JUSTICIA ES TIRANÍA?

Para entender la sentencia contra los jóvenes de Altsasu habría que recurrir a la Doctrina Aznar que tendría como ejes principales la culminación de la “derrota institucional de ETA para impedir que el terrorismo encuentre en sus socios políticos el oxígeno que le permita sobrevivir a su derrota operativa” con el objetivo último de criminalizar a grupos y entidades díscolos y refractarios al mensaje del establishment dominante del Estado español y que serían elementos constituyentes de la llamada “perfección negativa”, término empleado por el novelista Martín Amis para designar “la obscena justificación del uso de la crueldad extrema, masiva y premeditada por un supuesto Estado ideal”.  (klik egin-ver más)

Germán Gorraiz, en Diario de Noticias

LAS LECCIONES DEL CASO BATERAGUNE

La sentencia de Estrasburgo en relación a las cinco condenas dictadas en el caso Bateragune vuelve a demostrar la importancia suprema de contar con una justicia independiente e imparcial. Sin independencia o con parcialidad no hay verdadera justicia y quiebra además la confianza, esa institución silente que vertebra la vida en sociedad y la convivencia democrática.

Ante vulneraciones de derechos tan evidentes como la injusta condena padecida por los encausados en el caso se puede y se debe formular sana y dura crítica, porque tales errores y actuaciones desviadas han sido evaluadas y apreciadas, una vez más, por el Tribunal de Estrasburgo.

No hay sentencia que pueda rescatar ya la libertad perdida ni compensar la afección al vulnerado derecho a la participación política. La sentencia del Tribunal Europeo de Estrasburgo -que en cuanto a este extremo de la eventual compensación económica se remite a un eventual proceso interno ante la Justicia española- declara que los condenados sufrieron un juicio injusto, vulnerándose así el derecho contemplado en el art.6 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, concretado en la ausencia de imparcialidad por parte del tribunal sentenciador.   (klik egin-ver más)

Juanjo Álvarez, en Diario de Noticias

OTRA DESASTROSA ACTUACIÓN DEL SUPREMO

Además de la cuestión de fondo en el caso sobre si correspondía a los bancos o los clientes el pago del impuesto de actos jurídicos documentados en las hipotecas, la gestión de las formas en el Tribunal Supremo ha sido de nuevo desastrosa. En apenas 20 días, el pleno de la sala de lo Contencioso del Supremo rectifica la sentencia del 16 de octubre que dictaba que esa carga fiscal correspondía a los bancos. Y lo hace en una dividida votación de 15 a 13 y tras la polémica intromisión del propio presidente del alto tribunal Carlos Lesmes. Un paso más que ahonda en la creciente imagen de desprestigio de la justicia española, tanto por la falta de recursos materiales y humanos en sus niveles ordinarios -jueces y fiscales han convocado una nueva huelga el día 19-, como por la cada vez más evidente sumisión de los máximos órganos judiciales a los intereses políticos. En cuanto al fondo, ha sido también la mala gestión del propio Supremo el que ha asentado la convicción en la sociedad, sea o no cierta, de que tanto la decisión de revisar la sentencia que daba la razón a los clientes como la anulación de la misma ahora han respondido solo a las presiones y amenazas del sector financiero, lo que pone de nuevo en duda su imparcialidad e independencia. De hecho, ese mismo martes Estrasburgo dio un nuevo varapalo a la justicia española al sentenciar que Otegi y otros cuatro miembros de la izquierda abertzale condenados en el caso Bateragune -entre ellos la navarra Miren Zabaleta- no habían tenido un juicio justo por la falta de imparcialidad del tribunal. Es cierto que tanto el Gobierno de Navarra como el Gobierno de Sánchez reaccionaron ante el malestar ciudadano anunciando sendas reformas legislativas para trasladar a la banca la obligación de abonar a partir de ahora el impuesto de los actos jurídicos de las hipotecas, pero no parece fácil que eso termine siendo una medida efectiva. Tanto porque deja la puerta abierta a nuevas reclamaciones judiciales de quienes siguen defendiendo que los bancos han cobrado durante años miles de millones de euros sin tener derecho a ello como porque es más que posible que esa carga fiscal que a partir de ahora puede caer en las entidades financieras acabe derivada sobre los solicitantes de nuevas hipotecas. En definitiva, otro despropósito judicial que ahonda en el desprestigio de la justicia y de un sector financiero ya marcado por el malestar de un rescate colectivo de decenas de miles de millones de euros que no han sido devueltos al bien común.

Editorial del Diario de Noticias

GEROA BAI CONSIDERA "VERGONZOSAMENTE DESPROPORCIONADA" LA CONDENA DE ALTSASU

Geroa Bai ha considerado "vergonzosamente desproporcionada" la sentencia que la Audiencia Nacional ha dictado en el caso Alsasua que establece condenas de dos a trece años a los ocho acusados y ha señalado que "es propia de una justicia como la española, que se encuentra absolutamente desacreditada a nivel europeo e internacional".

Para el exalcalde de Alsasua y parlamentario foral de Geroa Bai, Unai Hualde, "no hay derecho a lo que está pasando con este caso y habrá que continuar denunciándolo en todas las instancias posibles". "No cabe en ninguna cabeza esta resolución dictada por un tribunal propio de una legislación penal de excepción y de otro tiempo como es la Audiencia Nacional" en un caso en el que, además, "se viene a reconocer ahora que no es terrorismo por el propio tribunal", ha dicho, para señalar que "es kafikiano".

Según Hualde, esta sentencia, susceptible de recurso, "nos confirma que se está vulnerando el principio de proporcionalidad de las penas que se reconoce en el artículo 49.3 de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea".

LA JUSTICIA EUROPEA DEJA EN EVIDENCIA AL CONSTITUCIONAL Y SU DEFENSA DE LA CORONA

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha sido rotundo: la quema de fotografías de los reyes no es un delito de injurias a la Corona, tal y como dijo la Audiencia Nacional y menos aún, puede tratarse de un delito de odio, tal y como estimó el Constitucional. La sentencia del Tribunal de Estrasburgo, de hecho, recuerda a España que "la protección especial" de la figura de la Corona "no se ajusta al espíritu del Convenio Internacional de los Derechos Humanos" suscrito por España. 

Y no es la primera vez que el TEDH dice a España esta misma frase. Estrasburgo ya la pronunció, en idénticos términos, en la sentencia que le dio la razón a Arnaldo Otegi frente al Estado español cuando el primero fue condenado a un año de prisión por decir que el rey Juan Carlos I era el jefe de los torturadores. El TEDH entonces condenó a España a pagar una indemnización al político independentista.  (klik egin-ver más)

Alejandro Torrús, en Público

ESTRASBURGO CONDENA A ESPAÑA EN EL CASO DE TORTURAS A PORTU Y SARASOLA

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) ha condenado al Estado español en el caso de las torturas a Igor Portu y Mattin Sarasola. El fallo llega 10 años después de la detención de ambos por parte de la Guardia Civil, y tras los fallos (uno condenatorio y dos absolutorios) de las diferentes instancias judiciales españolas. La decisión ha sido tomada por unanimidad.

El fallo concluye que tanto Portu como Sarasola sufrieron un trato "inhumano y degradante" que debe considerarse "malos tratos" (no tortura). Según el TEDH, España violó en este caso el artículo 3 de la Convención Europea de Derechos Humanos, tanto en contenido como en forma. Se trata de la primera vez que España es condenada por "malos tratos" (en los anteriores fallos fue por no investigar los casos de tortura, pero en este caso se dan por demostrados).

Así, se establece que el Estado deberá indemnizar a los demandantes con un total de 50.000 euros por daños morales (30.000 euros a Igor Portu, y 20.000 euros a Mattin Sarasola).  (klik egin-ver más)

eitb.eus

¿SON PRESOS POLÍTICOS LOS TRES DE ALTSASU?

Si atendemos a la definición de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa (resolución 1.900), podemos deducir que existen en estos momentos en el Estado español los presos políticos. Así, el supuesto III de dicha resolución afirma que “se considerará que existen presos políticos en el caso de que, por motivos políticos, la duración de la detención o sus condiciones sean manifiestamente desproporcionadas con respecto del delito del que la persona ha sido declarada culpable o de la que se sospecha”, supuestos que se pueden aplicar con total exactitud en el caso de los 8 jóvenes de Alsasua que llevan más de 1 año en prisión incondicional y con total ausencia de seguridad jurídica, al ser rechazados todos los argumentos de sus abogados defensores por la juez Lamela y por la Fiscalía del Estado, cuya primera misión es “velar por la seguridad jurídica de los ciudadanos de España”.  (klik egin-ver más)

Germán Gorraiz, en Diario de Noticias

LOS OTROS AÑOS DE PLOMO

Cuando se abrió el procedimiento judicial contra Juan Mari Atutxa, presidente del Parlamento Vasco, y sus compañeros de Mesa Gorka Knörr (EA) y Kontxi Bilbao (EB), los chicos y chicas que acaban de llegar a la mayoría de edad en Euskadi tenían cuatro años. Evidentemente, ni conocieron aquella situación y es posible que ni siquiera les suenen esos tres nombres que fueron noticia -odiosa noticia- en todos los medios el año 2003 y los siguientes. Los tres altos representantes institucionales fueron procesados por desobediencia, acusados de negarse a disolver el grupo parlamentario Sozialista Abertzaleak, que en ese momento estaba formado por los parlamentarios de la izquierda abertzale. (klik egin-ver más)

Pablo Muñoz, en Grupo Noticias

¿POR QUÉ EL GOBIERNO ENCUBRE LAS INMATRICULACIONES DE LA IGLESIA?

No merece llamarse Estado de Derecho el que consiente violaciones reiteradas y masivas de su propio ordenamiento jurídico. Y hay dos casos especialmente sangrantes en España por la magnitud del escándalo y la actitud cómplice del Gobierno al respecto: las cláusulas suelo de los préstamos hipotecarios y las inmatriculaciones de la jerarquía católica. Es vergonzante que, tras recorrer todas las instancias internas (salvo honrosas excepciones), hayan tenido que ser tribunales europeos quienes declaren la evidente nulidad de ambas. Lo que es nulo, no existe. Y lo que no existe, no produce efectos. De ahí que corresponda de manera ineludible a los poderes públicos restituir la legalidad conculcada y devolver la situación a su origen, sin necesidad de someter a la ciudadanía o administraciones afectadas a la gravosa carga de emprender nuevos procesos judiciales. (klik egin-ver más)

Antonio Manuel Rodríguez, profesor de Derecho Civil y Portavoz de RECUPERANDO (Coordinadora Estatal para la recuperación de los bienes inmatriculados por la Iglesia Católica)

UN AÑO MÁS EL ARZOBISPO SE HA GANADO CARBÓN

La Plataforma de Defensa del Patrimonio Navarro ha convocado esta mañana en rueda de prensa a una concentración ante el Palacio Episcopal el próximo viernes 30 de diciembre a las 17:30 h, para entregar, tal como se viene haciendo durante los últimos años, carbón al Arzobispo ante su negativa a devolver a nuestros pueblos los bienes que la Iglesia Católica usurpó a través de las inmatriculaciones. Destaca la Plataforma en su comunicado que durante este año ha logrado que el tema de las inmatriculaciones ocupe un papel destacado en la vida política de Navarra.

Ver el texto del comunicado

INMATRICULACIONES O LA VERDADERA CULTURA DE LA TRANSICIÓN

Todavía me llama la atención el hecho de que el análisis de la denominada “Cultura de la Transición” -el modelo que relata la intrincación entre intereses económicos, grupos mediáticos, procesos creativos y partidos que consolidó el Régimen del 78- haya dejado prácticamente fuera de su foco de atención precisamente el área en la que el continuismo entre la dictadura franquista y la democracia es más sangrante: la propiedad y gestión del patrimonio.

Al margen de los grandes escándalos relacionados con este tema, como fue el caso de la Mezquita de Córdoba, la atención específica de algunos medios o la reciente creación de la Coordinadora estatal por la recuperación del patrimonio inmatriculado por la Iglesia Católica, la movilización de plataformas ciudadanas y ayuntamientos del medio rural en defensa de su patrimonio aún encuentran serias dificultades para hacerse un hueco de impacto en la agenda mediática nacional y llegar a gran parte de la opinión pública . (klik egin-ver más)

Estefanía Rodero, en estefaniarodero.es