Del amplio arco parlamentario que secundó la aprobación del proyecto del Estatuto Vasco de Autonomía de 1979, tan sólo tres formaciones–PNV, ESEI y EE- se inscribían en la tradición del espacio abertzale. La tercera de ellas, emparentada con una de las facciones de ETA, la político militar, desarrolló un especial esfuerzo para combatir la idea de que aquel estatuto alejaría la esperanza de un futuro común de Navarra con el resto de los territorios históricos. Recuerdo incluso una manifestación en el Boulevard donostiarra que ellos convocaron en la que se exhibió una pancarta secundada por gritos de
“Nafarroa Euskadin Estatutuarekin”. La experiencia posterior para nada ha confirmado aquel deseo llevado a pronóstico, de la misma forma que nada invita a pensar que la abstención alentada por HB y otros grupos de izquierda albergase alternativas que hubiesen conducido a desenlaces más favorables.
La dinámica política de la CAV, que vivirá el domingo la undécima convocatoria electoral para el Parlamento Vasco, se ha ido acostumbrando, con dosis más o menos estables de frustración, resignación o indiferencia, a la realidad institucional de un mapa de tres provincias. Pues algo ha tenido que suceder en Navarra, por más que todavía se observen tendencias a minimizarlo, para que de repente en esta campaña las alusiones al gobierno del cambio se hayan convertido desde posiciones bien alejadas entre ellas en proyectil político.
Por un lado el PP, quien por cierto y para quien lo desconozca o lo haya olvidado, bien que entonces era todavía Alianza Popular, votó en contra del Estatuto Vasco, se destapa hablando del “frente de la U”, es decir el candidato Urkullu, en alianza con el alcalde gasteiztarra Urtaran y con Uxue Barkos, catalogados como “usurpadores de la voluntad popular” por no dejar gobernar a quien ganó las elecciones y de caballo de Troya de “populistas y radicales”- Acusación patética en el caso del partido que hace siete años auspició un gobierno sin legitimidad social como el de Patxi López. Los mismos que sostuvieron a un alcalde como Maroto,que incurrió en la demagogia y el oportunismo xenófobos, deberían tentarse la ropa antes de acusar de populistas a los que, empujados por la movilización popular, impulsaron su relevo. O antes de llamar “radicales” a los que felizmente han puesto fin al gobierno, obsesivamente radical, de quienes, además de no ceder en su empeño, carente de sentido del ridículo, en impedir la captación de ETB en Navarra, no pueden disimular su enojo porque se vaya a despojar a Mola y Sanjurjo de su aureola de héroes oficiales eternos.
Arnaldo Otegi, por su parte, llama a suscribir en la CAV un acuerdo tripartito entre PNV, EH Bildu y Podemos, “similar al que gobierna en Navarra” y que aborde entre sus prioridades el derecho a decidir. Una invocación retórica de dudoso recorrido, porque, independientemente de su virtual operatividad como reclamo electoral, del estimable respaldo popular que una fórmula de ese espectro sin duda encontraría, e incluso de la no totalmente descartable posibilidad de su final materialización, ni PNV ni mucho menos Podemos van a detallar sus hojas de ruta antes de conocer los resultados, analizarlos y cruzarlos con sus alternativas para la pendiente gobernabilidad del Estado. Duele afrontar el riesgo de alimentar las críticas de intolerantes de todo pelaje como a diario tiene que soportar Arnaldo, pero su propuesta tiene en esta ocasión un déficit de rigor político, porque fuera de esas tres formaciones, que efectivamente están en el gobierno del cambio de Navarra, hay otras también determinantes. Ni Geroa Bai es el PNV, ni Podemos Nafarroa es Podemos Euskadi ni la coalición I-E es subsidiaria de ninguna otra. Y porque el acuerdo alcanzado en Navarra tiene su marco de objetivos y de ritmos, que hoy por hoy ni coinciden ni están llamados necesariamente a converger, ni siquiera en el caso del vasquismo navarro, con los que puedan diseñarse fuera de su ámbito de actuación. En la CAV sucederá lo que tenga que suceder, pero no por transmisión del modelo navarro.
Praxku
El ministro español del Interior en funciones, Jorge Fernández Díaz, volvió a dejar constancia ayer en Iruñea del lado oscuro y antidemocrático de quienes todavía gobiernan el Estado español. Acompañado de decenas de agentes armados y en una zona peatonal del centro de la ciudad dedicada al tránsito y disfrute de la ciudadanía, en un acto de marcado perfil militarista, absolutamente anacrónico y deplorable, la pataleta con que valoró la decisión del Ayuntamiento de Iruñea de exhumar los restos de Mola y Sanjurjo, ideólogos de la masacre franquista, no puede tomarse como un exabrupto puntual ni como uno de los deslices habituales del subsconsciente de ese ministro.
