La existencia de bases de datos con miles de nombres de ciudadanos vascos que han sido elegibles, elegidos o simplemente voluntarios de listas electorales de izquierda y abertzale, y que son utilizadas para detectar candidatos «contaminados», es conocida. Haber sido candidato, apoderado, interventor, firmante para avalar nuevas candidaturas, haber desarrollado labores políticas, o haber sido contratado por el partido político, además de apriorismos de conexión ideológica, relaciones de parentesco o vinculación con el «entorno» son motivo suficiente para que los datos queden registrados, la privacidad sea sistemáticamente violada y se lance un asalto masivo a los derechos civiles. Esta vergonzosa segregación ideológica ha hecho que más de 40.000 ciudadanos vascos sean de facto separados y desiguales por una práctica que, bajo los estándares del llamado Estado de Derecho español, cada día tiene menos de excepcionalidad y más de normalidad. (klik egin-ver más) Editorial de GARA
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