La sentencia del Tribunal Supremo por el denominado «caso
Bateragune», en la que se confirma la condena a Arnaldo Otegi, Rafa Díez, Miren
Zabaleta, Arkaitz Rodríguez y Sonia Jacinto por «pertenencia a banda armada»
(aunque no se les incautara arma alguna, no exista prueba alguna de vinculación
organizativa, su actividad supuestamente delictiva fuera pública y el grupo
armado al que se refieren anunciase hace más de seis meses el «cese definitivo
de su actividad armada») deja clara una tesis que nada tiene que ver con
el Derecho y mucho con el Estado en el que se ha dictado la sentencia. Lo que el
Estado español no perdona a esos líderes de la izquierda abertzale -a quienes
todo el mundo otorga el mérito de haber puesto en marcha el debate del que
saldría la ponencia «Zutik Euskal Herria» y que traería, entre otras
consecuencias, la mencionada decisión de ETA- es no haber concebido ese mismo
proceso en clave de rendición y que, en consecuencia, no provocaran una escisión
que terminara por liquidar el movimiento político que representan. (klik egin-ver más)
Editorial de GARA
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