Desde la premisa
de la complejidad que entraña la gestión ponderada del orden público -y quien
suscribe alguna experiencia tuvo al respecto-, la actuación policial en el
encierro de la villavesa resulta censurable, también por dejar a los agentes al
albur de una crítica justificada. Porque el despliegue de las fuerzas de
seguridad en la vía pública debe tener como pauta primera y principal en una
democracia la de evitar incidentes y, si mediaran, la de responder
proporcionalmente, lo que supone no infligir con la acción coercitiva más daño
del que se pretende evitar tanto a personas como a bienes. Justo lo contrario
ocurrió el domingo, porque la presencia policial en la Estafeta fue la que
generó la algarada y no al revés, como también porque la afección al tráfico
hubiera sido insignificante a las 8.30 horas del día 15 si se deja terminar la
parodia a los participantes, que en su desinhibida carrera tampoco habían
entonado soflama alguna hasta ser interceptados sorpresivamente. A partir de
ahí, cabe preguntarse qué fines perseguía la autoridad que ordenó a los municipales
cerrar el paso -y con un dispositivo mínimo, por eso el apoyo instado a la
Policía Nacional- a la muchachada ya lanzada, en vez de impedir la aglomeración
de partida, como dicta el procedimiento. Más a la vista de cómo se ha
criminalizado luego ese inocuo colofón de la noche sanferminera, equiparándolo
a los lamentables sucesos del Riau-riau. En suma, que, tanto si se buscó la
bronca como si no, algún irresponsable de gatillo rápido -admítaseme
la expresión- sobra en un cargo público tan sensible para nuestra
convivencia.
Víctor Goñi, en Diario de Noticias
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