ZORRERÍAS

Hubo un tiempo -muy activa ETA- en que los partidos constitucionalistas se fijaron el objetivo de que la izquierda abertzale estuviera en las instituciones. Una forma de meter a la fiera en la jaula del sistema. Un intento de que la lengua hablase y el gatillo callara. Hubo un tiempo en que la izquierda abertzale debatía -con riesgo de fractura- la conveniencia o no de entrar en las instituciones forales, autonómicas y nacionales del Estado. Vislumbrado, anunciado y confirmado el cese de la actividad armada, los mismos partidos constitucionalistas interpusieron todo tipo de trabas a la incorporación de la izquierda abertzale mientras los debatientes superaban fobias y reticencias. El mundo político gira sobre el eje de las conveniencias coyunturales. Hoy por hoy, el constitucionalismo mayoritario teme la pujanza del nacionalismo vasco partidario de la soberanía y la independencia. Ese empuje tiene como puntos de apoyo una sólida base social (moralmente rearmada en su ideología sin el estorbo de la violencia) y el desprestigio de la marca España en la que se siente atrapado (decadencia de la Monarquía, carcoma de la corrupción en los partidos de gobierno españoles, mayor solvencia de las entidades financieras autóctonas y menores índices de desempleo). España, un lastre. Como las artimañas legales han ido decayendo, el PP quiere meter mano al censo electoral con su pretensión de que los exiliados del País Vasco y Navarra puedan votar en estas circunscripciones. El PP y Yolanda Barcina, su principal delegada en UPN. Abrir con rigor un análisis del exilio (no solo de uno de sus motivos) es tan delicado como abrir el melón de una reforma constitucional: puede llevarte adonde no quieres. También cabría proponer un impuesto especial a los exiliados que han hecho jugoso negocio profesional de su exilio, nómina en la que entrarían intelectuales, escritores, periodistas y artistas. El voto de los exiliados tiene la intención finalista de adulterar inquietantes resultados electorales. Un pucherazo sobra las ya reconocidas (congénitas y no corregidas) deficiencias del sistema electoral. Para que aún le cuadren mejor las cuentas, Barcina sugiere una reducción del número de parlamentarios forales. Viste de argumento económico una motivación política. Si de ahorro se tratara, antes procedería ajustar los sueldos políticos a la nueva realidad laboral, impedir la duplicidad de ingresos públicos, suprimir cargos de libre designación, prescindir de sociedades y fundaciones, eliminar cesantías y pensiones vitalicias, reconsiderar los criterios de subvención política, empresarial y sindical, exigir responsabilidades económicas a corruptos, defraudadores y banqueros de rapiña. Pero solo lo hace para tener más a mano el sillón.

Carlos Pérez-Conde, en Diario de Noticias