Los últimos casos de linchamiento en poblaciones indígenas de Cochabamba y Potosí, con un saldo de cuatro muertos, han puesto nuevamente en tela de juicio los límites y la aplicación de la justicia comunitaria, reconocida por la Constitución boliviana con el mismo rango que la oficial y que sobre el papel remite a una cultura de vida, no de muerte.
Las poblaciones rurales de Colquechaca y Tres Cruces, en el departamento de Potosí, decidieron el pasado miércoles tomarse la justicia por su mano: una de las víctimas fue enterrada viva y dos, quemadas. (klik egin-ver más)
El País
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