Se está consagrando la costumbre, que no carece de cierta perversidad, de que cada nuevo gobierno del Estado reforme dos sectores importantes del ordenamiento jurídico: la legislación educativa y la legislación penal. El gobierno del Partido Popular ha sucumbido a esta tentación, fundada no en el deseo de modernizar las leyes y resolver las deficiencias de las que están vigentes sino, como en el caso de todos los gobiernos anteriores, en utilizar el populismo legislativo como instrumento de obtención de fáciles réditos electorales.
La reforma educativa no les puede haber salido peor. Y, por ello, sobre la reforma penal se proyectan grados de electoralismo tan desmesurados que uno tiene la impresión de que se intenta reequilibrar el fiasco de la reforma en la enseñanza. (klik egin-ver más)
Emilio Olabarría, en Deia
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