El concepto reaccionario de seguridad como valor máximo en detrimento de la libertad, la igualdad y el garantismo, ganó ayer una nueva partida tras la aprobación en la Comisión de Interior del Congreso del proyecto de la Ley de Seguridad Privada. Mediante esta nueva vuelta de tuerca del Partido Popular, las policías privadas de la Banca y de las grandes cadenas comerciales invaden el ámbito público. Con la oposición del PSOE, IU e incluso UPyD, el beneplácito de CIU y el más desconcertante apoyo del PNV, presumiblemente a cambio de la salvaguardia de las competencias de la CAV sobre las empresas de seguridad que operen en su territorio. Es decir que gentes contratadas para la defensa de intereses privados y que por lo tanto actúan conforme a valores en absoluto solidarios nos van a poder pedir la documentación, cachear y detener en la calle. Un paso más en la involución a la que asistimos, pero con el valor añadido en esta ocasión del auténtico sabor americano. Es de esperar que se inicie urgentemente la recogida de firmas para que el Tribunal Constitucional se pronuncie sobre algo que atenta directamente contra el dominio de los poderes públicos. Pero sobre todo hay que esperar la movilización ciudadana permanente frente al cerco al que están sometiendo a los derechos y a las libertades básicas.
Praxku
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