En los últimos días hemos podido constatar el desproporcionado reparto de publicidad institucional que desplegó la anterior alcaldesa de Madrid, Ana Botella, beneficiando a los medios afines al PP. Una lluvia de dinero público –más de 21 millones en 3 años– empleada a la postre en exaltar su gestión. Y, tal vez, algo más. Con el eufemismo Publicidad Institucional se ha gestado en España un opaco engendro, fuera de control, que actúa como subvención de distintos medios informativos. Un maná discrecional que premia y castiga. Al que, por tanto, se le suponen ciertas contrapartidas. Y que puede tener efectos devastadores sobre el derecho a la información. Y, por tanto, sobre otros derechos ciudadanos.
La publicidad institucional es una cadena masiva que, partiendo de la administración central con todos sus ministerios, organismos y ramificaciones, se expande por autonomías, ayuntamientos y todo tipo de corporaciones locales y hasta internacionales. Si precisan explicarse, publicitar sus actuaciones, debe estar regulado y ser diáfano. En muchos casos sirve como medio de supervivencia de algunos periódicos. A menudo se convierte en loa al político que paga. Los hechos demuestran cómo se minimizan también decisiones políticas controvertidas. (klik egin-ver más)
Rosa María Artal, en eldiario.es
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