Si atendemos a la definición de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa (resolución 1.900), podemos deducir que existen en estos momentos en el Estado español los presos políticos. Así, el supuesto III de dicha resolución afirma que “se considerará que existen presos políticos en el caso de que, por motivos políticos, la duración de la detención o sus condiciones sean manifiestamente desproporcionadas con respecto del delito del que la persona ha sido declarada culpable o de la que se sospecha”, supuestos que se pueden aplicar con total exactitud en el caso de los 8 jóvenes de Alsasua que llevan más de 1 año en prisión incondicional y con total ausencia de seguridad jurídica, al ser rechazados todos los argumentos de sus abogados defensores por la juez Lamela y por la Fiscalía del Estado, cuya primera misión es “velar por la seguridad jurídica de los ciudadanos de España”. (klik egin-ver más)
Germán Gorraiz, en Diario de Noticias
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