La acción emprendida por varias familias navarras reclamando una investigación que permita esclarecer si sus bebés murieron o fueron robados a poco de nacer, se suma a las actuaciones que desde hace años despliegan las asociaciones que buscan el paradero de otras criaturas que desaparecieron en oscuras circunstancias en un periodo que cubre desde la posguerra hasta la última década del pasado siglo. Frente a la incomprensible lentitud de la maquinaria judicial y política para abordar un asunto pegado a las entrañas de miles de familias en el Estado, la presencia de estas noticias y de sus protagonistas en los medios de comunicación o las reivindicaciones en la calle para llamar la atención de la opinión pública, sostienen una lucha de años en la que salvo algunos movimientos realizados por cuenta personal, muy poco se ha avanzado. La norma aprobada el pasado año por el Parlamento de Navarra en la que incorpora a la Ley de Memoria Histórica tanto a familias como a quienes buscan su identidad biológica, da pie a recordar una vez más que los cálculos cifran en 30.000 los bebés que fueron sustraídos durante más de cinco décadas mientras que a sus progenitores les convencían de que las criaturas habían fallecido. En realidad, alrededor de alguna maternidad se organizó, como ha quedado expuesto por diferentes trabajos, un lucrativo negocio en el que estaban implicados médicos, enfermeras y monjas de órdenes religiosas. Las denuncias publicadas y la exposición de episodios personales ha sacado numerosos casos a la luz;sin embargo, menos recorrido han tenido las denuncias por vía legal. En su día, el Consejo General del Poder Judicial subrayó las dificultades que entorpecen el poder abordar esta problemática de una manera unificada. Hay que recordar que la Fiscalía del Estado rechazó en un informe de 2013 que la causa de los bebés robados fuera tratada como una trama organizada. Poco podrá avanzar la Justicia, sin embargo, de no mediar una implicación más comprometida de todos los partidos políticos para establecer los cauces necesarios para desarrollar las pertinentes investigaciones. Y no es fácil porque el censo es muy elevado y los casos están muy esparcidos a lo largo de décadas. Pero tanta desaparición no puede quedar en el limbo.
Editorial del Diario de Noticias
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