Equivocados estábamos si tras asistir a la increíble deriva judicial del incidente de Altsasu, creíamos cubierto para una temporada el cupo de los despropósitos. Lo malo es que la sorpresa de ayer, proporcionada por la mutilación de una exposición que invita a reflexionar sobre diferentes situaciones de reclusión, no proviene de lo más oscuro de la judicatura, ni es achacable a la óptica uniformizadora con la que se mira cuanto acontece por aquí desde los poderes del estado. El estupor nos lo origina esta vez la dirección de Donostia 2016, en la que participan el ayuntamiento, la diputación y el Gobierno Vasco junto con el Ministerio de Cultura español. El director de la capitalidad, Pablo Berástegui, ha asumido el protagonismo de la censura, pero el acelerado respaldo que ha encontrado en las instancias políticas más próximas, indica bien a las claras que ha actuado por encargo.
El diputado de Cultura Denis Itxaso, tras reconocer que las obras retiradas no contienen ningún elemento hiriente, alega que su autoría “podría herir a las víctimas del terrorismo”. Markel Olano, presidente de la Diputación, ha declarado por su parte que “la libertad de expresión no se puede llevar hasta el límite”.
Resulta desesperante comprobar que a estas alturas sigue habiendo también aquí, incluso dentro de espacios políticos a los que se supone un discurso equilibrado, gentes a las que hay que explicar que también los presos, y por supuesto los expresos, son titulares de derechos. Y entre ellos, el de relatar sus experiencias y las situaciones de mal trato a las que ellos y sus familiares han podido ser sometidos. Eso puede no gustar a las víctimas, quienes son libres de albergar todo tipo de sentimientos. Pero de ninguna manera implica que haya que satisfacerles mediante vulneraciones revanchistas de derechos inalienables.
Sabemos además que víctimas hay muchas y por muy diversas causas. Y que incluso si nos referimos exclusivamente a las víctimas de ETA, las hay algunas que han dado en más de una ocasión ejemplo de mesura. Mientras que otras, las que más ruido meten y más influyen en las estructuras de poder, están entregadas a una ideologización extrema. No resulta trivial recordar que los hechos de Altsasu comenzaron de verdad a agravarse el día en que aparecieron por allí Consuelo Ordóñez y otros miembros de Covite para plantarse ante una concentración en protesta por la imparable manipulación mediática que envolvía al caso. Las rotativas y los informativos mostraban una pancarta que portaban en la que se decía “no al odio” mientras que ocultaban otra que dirigiéndose a los altsasuarras concentrados expresaba “sin pistolas no sois nada”. Ellos fueron los principales artífices del traslado de diligencias desde Pamplona a la Audiencia Nacional, y todos sabemos lo que ha acontecido después. Son víctimas y tienen derecho a sentir odio, pero cuando se dedican a sembrar odio, hay que decirlo y tenerlo en cuenta. Pensando en esta exclusiva clase de víctimas han tomado su lamentable decisión los responsables políticos de Donostia 2016.
Es cierto que los derechos colisionan en ocasiones, que entran en conflicto. Y el conflicto es sustancialmente social. Y ¿qué otra cosa se puede esperar de una exposición relativa a la reclusión que refleje conflictos? Lo más fácil y a la vez lo más torpe es resolverlo mediante la amputación de derechos. Ni el diputado de Cultura, ni el diputado general de Gipuzkoa, ni el alcalde de la capital cultural 2016 han demostrado la suficiente talla para erigirse en jueces de este conflicto.
Praxku
Dijo el Rey en un momento de su analizado discurso en las Cortes que “en un Estado de Derecho la primacía de la Ley elimina la arbitrariedad de los poderes públicos”. Y lleva razón o debería llevarla. Tal premisa debe ser una realidad y no un desideratum. Así que por mor de hacer caso a Su Majestad me veo forzada hoy a escribir este artículo. Tengo ante mí la obligación moral de hablar de lo de Alsasua porque en el caso de la agresión -brutal y execrable- a los guardias civiles veo toda una subversión del concepto que con tanto tino nos recordó el Borbón el otro día.
«¡Españoles… Franco ha muerto!», escuchábamos decir a un Arias Navarro roto en lágrimas, ante una pantalla de televisión en blanco y negro. El acontecimiento esperado se produjo un 20 de Noviembre de 1975; pero el franquismo, después de cuarenta y un años, sigue vivo.
Se ha escrito mucho sobre los restos de Sanjurjo «encriptados» en los Caídos. Pocos saben que la culpa de que dichos polvos mortales terminaran inhumados en la catedral en 1939 y, posteriormente, en la cripta, la tuvo el Ayuntamiento navarro de Lumbier. La historia no es justa repartiendo parabienes y laureles, porque, a decir verdad, sin la intervención de Lumbier, ahora mismo no hubiéramos contemplado los alardes dialécticos entre Ayuntamiento, arzobispado y representantes de los familiares del finado. Gracias a ellos, podemos comprobar que el humus nutricio del franquismo, encarnación putrefacta del fascismo, sigue cultivándose en ciertas latitudes y actitudes anticonstitucionales y antidemocráticas. (klik egin-ver más)
El declive de Occidente comenzó en el mundo y lo demuestra el lema de campaña del presidente electo, Donald Trump, ”hacer grande a Estados Unidos nuevamente”, afirmó el politólogo Ignacio Ramonet, de visita en Panamá.
Equivocados estábamos si tras asistir a la increíble deriva judicial del incidente de Altsasu, creíamos cubierto para una temporada el cupo de los despropósitos. Lo malo es que la sorpresa de ayer, proporcionada por la mutilación de una exposición que invita a reflexionar sobre diferentes situaciones de reclusión, no proviene de lo más oscuro de la judicatura, ni es achacable a la óptica uniformizadora con la que se mira cuanto acontece por aquí desde los poderes del estado. El estupor nos lo origina esta vez la dirección de Donostia 2016, en la que participan el ayuntamiento, la diputación y el Gobierno Vasco junto con el Ministerio de Cultura español. El director de la capitalidad, Pablo Berástegui, ha asumido el protagonismo de la censura, pero el acelerado respaldo que ha encontrado en las instancias políticas más próximas, indica bien a las claras que ha actuado por encargo.
Todavía me llama la atención el hecho de que el análisis de la denominada “Cultura de la Transición” -el modelo que relata la intrincación entre intereses económicos, grupos mediáticos, procesos creativos y partidos que consolidó el Régimen del 78- haya dejado prácticamente fuera de su foco de atención precisamente el área en la que el continuismo entre la dictadura franquista y la democracia es más sangrante: la propiedad y gestión del patrimonio.
El Ayuntamiento de Tafalla sigue sumando apoyos para la rehabilitación del convento de Recoletas y ahora llega el de la comisión de cultura del Parlamento. Los representantes políticos que se han desplazado a Tafalla también consideran prioritario el arreglo del tejado. El alcalde habla de un coste de 400 mil euros y ahí surgen las dificultades porque los parlamentarios reconocen que hay que estudiar cómo encajarlo. En este sentido hay quien apuesta por acudir a la vía de urgencia y quien plantea un estudio previo. El Ayuntamiento da por buena esta primera toma de contacto, Iñaki Lerga, presidente del Patronato de Cultura de Tafalla, señala que: "se han quedado impresionados con las dimensiones del edificio y las posibilidades que tiene. Poco más se puede decir porque ha sido una primera toma de contacto. Ahora hay que trabajar bastante sobre el tema y elaborar un proyecto que ilusione al Parlamento para que nos ayude a sacarlo adelante. Es una pena que tengamos Recoletas y que lo tengamos en este estado".
El próximo 27 de noviembre el Centro Cultural Tafalla Kulturgunea acoge la gala final del Nafarroako Euskal Kantu Txapelketa, el certamen navarro de la canción vasca que tras un parón de seis años ha resurgido con fuerza en este 2016. Detrás del mismo, el impulso e implicación de la puiutarra Ainhoa Hualde que se ha visto acompañada en este cometido por Amaia Domínguez, profesora de música en la Ikastola de Tafalla, y artífice de las últimas ediciones del Haur eta Gaztetxo Kantari Jaialdia, su versión infantil y juvenil. El festival del día 27, que viene precedido de las dos semifinales celebradas en Antsoain y Burlada, convertirá a Tafalla en referente de la cultura vasca a través de la canción interpretada en euskera y punto de encuentro para todas las personas aficionadas a esta modalidad de música que van a poder disfrutar de un espectáculo de calidad. Así lo piensan Amaia y Ainhoa que han unidos sus esfuerzos para que el Euskal Kantu Txapelketa vuelva a tener su sitio en el panorama cultural navarro y se consolide en siguientes ediciones.
El preacuerdo entre la Mancomunidad de Residuos de la Ribera (MRR) y el Consorcio de Residuos de Gipuzkoa (GHK) para tratar 75.000 Tn/año en las instalaciones de “El Culebrete“ ha nacido muerto. Ni administrativa ni técnicamente es posible.
El Alcalde elegido en las urnas que proclamó en Olite/Erriberri la II República, Carlos Escudero Cerdán, fue asesinado con nocturnidad y semienterrado a ras de suelo en una finca situada a la entrada de la localidad de Enériz (Valdizarbe) un 15 de noviembre de 1936, se cumple ahora 80 años. El regidor cayó en la tercera oleada de fusilamientos, cuando ya habían pasado cuatro meses del inicio del golpe de estado que dirigió el general Mola en Navarra, inhumado luego con honores junto al también golpista Sanjurjo y media docena de requetés en el llamado Monumento a los Caídos que pagó la Diputación Foral.
El Ayuntamiento de Murillo el Fruto, que en las pasadas elecciones cambió de signo político tras 16 años de gobierno regionalista con Javier Gárriz a la cabeza (ahora ostenta la Alcaldía Juan Carlos Gabari, representante de Agrupación Independiente Murillo), reclama 23 hectáreas de terreno comunal.
Oinatzak Produkzioak presentó ayer la campaña de «crowdfunding» que tiene como objetivo recaudar 8.000 euros para producir el documental “Pasaiako Badia”. En una rueda de prensa celebrada en la biblioteca Katakrak de Iruñea, los miembros de la productora explicaron el proyecto documental y la campaña de recogida de fondos.
