Pese a todo, nada cambia. PP y PSOE siguen centrados en el reparto de cargos, en la colocación de sus adeptos en las principales instituciones y estructuras del Estado. Ahora han llegado a un nuevo pacto para designar las cuatro vacantes de magistrados en el Tribunal Constitucional, dos para el PP y dos para el PSOE. Sin rubor alguno, este para ti y este para mí. La evidente politización del Tribunal Constitucional -y del Tribunal Supremo y de los órganos de gobierno de la judicatura-, más acentuada aún en los últimos años, ha dejado la credibilidad judicial de este alto tribunal por los suelos. El PP ya controla el Poder Judicial, el Tribunal Constitucional y la Fiscalía. Es decir, el control político tiene en su bolsillo al poder judicial y utiliza precisamente a ese mismo Tribunal Constitucional para no cumplir los mandatos del poder legislativo en un Congreso en el que no tiene mayoría absoluta. Todo bien en ese modelo democrático español en decadencia, donde la separación de poderes hace ya mucho tiempo que pasó a la historia, si es que fue real en algún momento. El reparto político del Constitucional ha terminado en una gran perversión y se ha convertido en un eficaz mecanismo controlado desde los sectores políticos, mediáticos y judiciales más conservadores para imponer una visión centralista y única del Estado español. Y lastra aún más la credibilidad social de una administración de justicia sometida a la desconfianza ciudadana tanto por su falta de recursos humanos y materiales como por su anquilosada burocracia, enchufismo y partidismo ideológico.
Joseba Santamaría, en Diario de Noticias
