Primero ridículo, después capitulación y, finalmente, refugio en el tribunal patrio, de espaldas a la justicia europea. El juez Pablo Llarena, desautorizado hasta extremos que exigirían su inmediata renuncia al caso, igual que la de los miembros de la Sala Segunda del Tribunal Supremo que lo han avalado hasta la fecha, ha retirado todas las euroórdenes que estaban en curso en diferentes estados europeos. La del president Carles Puigdemont en Alemania, los consellers Toni Comín, Meritxell Serret y Lluís Puig en Bélgica, la consellera Clara Ponsatí en Escocia y la secretaria general de Esquerra Republicana, Marta Rovira, en Suiza, junto a la exdiputada de la CUP Anna Gabriel, también en el país helvético.
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José Antich, en elnacional.cat
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