Tribuna Abierta
Manifiest(amente) tendencioso
por MIGUEL ÁNGEL GARCíA ANDRÉS
tras las reacciones críticas al Manifiesto por la lengua común, sobre todo de personalidades procedentes de Cataluña, los autores del mismo, y en especial una de sus voces más cualificadas, Fernando Savater, han pasado a comparar las reacciones opuestas, sectarias, descalificadoras, con las de los que se niegan a que sus hijos sean adoctrinados en la nueva asignatura de Educación para la ciudadanía. Sin embargo, al pronunciarse con machaconería a favor de los derechos lingüísticos de los individuos están integrándose en el mismo frente.
Indudablemente el manifiesto intenta de partida acogerse al articulado de la Carta Magna, tratando de no rozar siquiera lo inconstitucional, de manera que acepta los artículos de la Constitución Española que regulan las lenguas de España. Sin embargo, la tesis del manifiesto es que estas leyes tenían como objetivo "acabar con las prohibiciones que padecían estas lenguas", es decir, el gallego, el euskera y el catalán. Y aquí surge la primera pregunta, ¿realmente éste era el único objetivo? Porque si respondemos afirmativamente, como ellos, que el objetivo ya ha sido "sobradamente" cumplido, deberemos corregir la situación de desequilibrio que se está produciendo a favor de las lenguas cooficiales y en contra de la lengua común.
Pongamos ejemplos ajenos para no herir a nadie. En Francia nadie es perseguido por hablar el bretón, el occitano, el euskara, el corso, pero de ahí a sostener que estas lenguas con comunidades lingüísticas apreciables gozan de cooficialidad, siquiera de protección por parte del Estado, va un abismo. Si una familia desea que sus hijos reciban una educación de inmersión en su lengua materna, en bretón, por ejemplo, se lo debe pagar de su bolsillo.
En nuestro caso los idiomas cooficiales no gozan de un trato igualitario por parte del Estado. Si una familia gallega pidiera en Madrid el derecho a recibir una educación en gallego, el escándalo sería mayúsculo, toda una afrenta con una repercusión mediática imponente, y más si lo exigiera una familia catalana. Pero seamos menos exigentes, si quisiera que la enseñanza pública les garantizara la opción de una segunda lengua, la materna, el escándalo sería parecido. Sin embargo, en países de parecida situación lingüística, como Suiza, esto ocurre. En cada cantón se establece la lengua vehicular, la hegemónica en el cantón, y el alumnado tiene opción de estudiar una segunda lengua, francés (con un 19,5% de hablantes), (romanche con un 0,5%), (italiano con un 6,5% o alemán). La mayoría, germanoparlante, un 63,9%, respeta a las minorías garantizando la enseñanza en otro idioma oficial en sus cantones y viceversa. Por cierto, los cantones francoparlantes rotulan sus calles exclusivamente en francés y la administración atiende a los ciudadanos en el mismo idioma. Pero nosotros estamos muy lejos de esta convivencia plurilingüe: nuestras autonomías dibujan unas fronteras con muros de hormigón más allá de las cuales las lenguas vernáculas no pueden expandirse.
La otra tesis del manifiesto es que las lenguas cooficiales no deben utilizarse como lengua vehicular exclusiva y para ello se necesita una normativa legal que lo impida, y eso mismo piden a los poderes públicos. En este punto todas las miradas se han dirigido a Cataluña. Porque en la comunidad autónoma vasca las instituciones garantizan la enseñanza en castellano como primera lengua, lo mismo que en Galicia, en la comunidad valenciana, y en esta en muchas comarcas ni siquiera se contempla el idioma propio como vehicular, y no hablemos de los obstáculos en Navarra. A pesar de que, a veces, el mantenimiento de ciertas líneas en castellano exija un esfuerzo económico mayúsculo.
Cuando un gobierno autonómico decide adoptar su idioma como primera lengua en la educación, relega al castellano a la categoría de segunda lengua oficial. Es decir los conocimientos se transmiten en catalán, gallego o vasco. Esta medida nos acercaría a un bilingüismo, siempre relativo, que países de mayor tradición plurilingüe están lejos de alcanzar. Que unos conocimientos científicos, humanísticos, tecnológicos, puedan ser asimilados en otra lengua no debe representar ningún peligro para los castellanoparlantes. Un físico, un historiador o un biólogo nunca despreciará a un colega porque aprendió la disciplina en cuestión en un idioma diferente. Sus aportaciones tendrán el mismo peso científico se realicen en húngaro o en inglés.
Cuando los autores del manifiesto hablan de los derechos de los hablantes recuerdan a los argumentos esgrimidos por los que objetan que sus hijos cursen la Educación para la Ciudadanía. En ambos casos se defiende que las familias sean respetadas, en el caso de la nueva asignatura en sus convicciones morales y éticas, en el caso de los castellanoparlantes en su adscripción lingüística. ¿Quién es el Estado para adoctrinar a mis hijos? ¿Quiénes son las instituciones autonómicas para elegir el idioma vehicular de mis retoños? ¿Qué derecho tiene el Estado a perseguir a quienes reivindican unos valores diferentes o la lengua común?
En ambos casos se pide la intervención superior de los poderes, de la justicia, mediante recursos ante los tribunales, por los objetores a la Educación para la Ciudadanía, o del parlamento o del gobierno, mediante una ley del rango adecuado, por los autores del manifiesto. Lejos de cambiar a la opinión pública o de movilizar a los ciudadanos agraviados, confían en que el poder admita sus razones y restituya sus derechos pisoteados.
Si existiera un problema lingüístico grave de convivencia habría grupos sociales que respaldarían y se movilizarían por estas reivindicaciones. Y cada vez que se ha intentado, sobre todo en Cataluña, movilizar a un colectivo social por esta supuesta violación de derechos lingüísticos, se ha fracasado, y no se ha ido más allá de declaraciones, algunas firmas y ruido mediático. Porque la realidad es obstinada, hoy se puede viajar perfectamente desde Pontevedra a Perpiñán sin más bagaje lingüístico que la lengua común, atravesando cuatro comunidades con lengua propia, más el bable asturiano. Pero que alguien intente ir de norte a sur en Navarra con el único hatillo lingüístico del euskera, experimentará casi las mismas dificultades que un chino monolingüe en el Camino de Santiago.
Por todo ello, aunque la acumulación de agravios haya sido una de las estrategias más utilizadas históricamente para crear conflictos entre comunidades, enarbolada esta bandera por parte de un grupo de intelectuales y personas del ámbito de la cultura, supone cuando menos un ejercicio de estrechez de miras e insensato.
* Lingüista y profesor
(Noticias de Gipuzkoa 8/8/08)
Manifiest(amente) tendencioso
por MIGUEL ÁNGEL GARCíA ANDRÉS
tras las reacciones críticas al Manifiesto por la lengua común, sobre todo de personalidades procedentes de Cataluña, los autores del mismo, y en especial una de sus voces más cualificadas, Fernando Savater, han pasado a comparar las reacciones opuestas, sectarias, descalificadoras, con las de los que se niegan a que sus hijos sean adoctrinados en la nueva asignatura de Educación para la ciudadanía. Sin embargo, al pronunciarse con machaconería a favor de los derechos lingüísticos de los individuos están integrándose en el mismo frente.
Indudablemente el manifiesto intenta de partida acogerse al articulado de la Carta Magna, tratando de no rozar siquiera lo inconstitucional, de manera que acepta los artículos de la Constitución Española que regulan las lenguas de España. Sin embargo, la tesis del manifiesto es que estas leyes tenían como objetivo "acabar con las prohibiciones que padecían estas lenguas", es decir, el gallego, el euskera y el catalán. Y aquí surge la primera pregunta, ¿realmente éste era el único objetivo? Porque si respondemos afirmativamente, como ellos, que el objetivo ya ha sido "sobradamente" cumplido, deberemos corregir la situación de desequilibrio que se está produciendo a favor de las lenguas cooficiales y en contra de la lengua común.
Pongamos ejemplos ajenos para no herir a nadie. En Francia nadie es perseguido por hablar el bretón, el occitano, el euskara, el corso, pero de ahí a sostener que estas lenguas con comunidades lingüísticas apreciables gozan de cooficialidad, siquiera de protección por parte del Estado, va un abismo. Si una familia desea que sus hijos reciban una educación de inmersión en su lengua materna, en bretón, por ejemplo, se lo debe pagar de su bolsillo.
En nuestro caso los idiomas cooficiales no gozan de un trato igualitario por parte del Estado. Si una familia gallega pidiera en Madrid el derecho a recibir una educación en gallego, el escándalo sería mayúsculo, toda una afrenta con una repercusión mediática imponente, y más si lo exigiera una familia catalana. Pero seamos menos exigentes, si quisiera que la enseñanza pública les garantizara la opción de una segunda lengua, la materna, el escándalo sería parecido. Sin embargo, en países de parecida situación lingüística, como Suiza, esto ocurre. En cada cantón se establece la lengua vehicular, la hegemónica en el cantón, y el alumnado tiene opción de estudiar una segunda lengua, francés (con un 19,5% de hablantes), (romanche con un 0,5%), (italiano con un 6,5% o alemán). La mayoría, germanoparlante, un 63,9%, respeta a las minorías garantizando la enseñanza en otro idioma oficial en sus cantones y viceversa. Por cierto, los cantones francoparlantes rotulan sus calles exclusivamente en francés y la administración atiende a los ciudadanos en el mismo idioma. Pero nosotros estamos muy lejos de esta convivencia plurilingüe: nuestras autonomías dibujan unas fronteras con muros de hormigón más allá de las cuales las lenguas vernáculas no pueden expandirse.
La otra tesis del manifiesto es que las lenguas cooficiales no deben utilizarse como lengua vehicular exclusiva y para ello se necesita una normativa legal que lo impida, y eso mismo piden a los poderes públicos. En este punto todas las miradas se han dirigido a Cataluña. Porque en la comunidad autónoma vasca las instituciones garantizan la enseñanza en castellano como primera lengua, lo mismo que en Galicia, en la comunidad valenciana, y en esta en muchas comarcas ni siquiera se contempla el idioma propio como vehicular, y no hablemos de los obstáculos en Navarra. A pesar de que, a veces, el mantenimiento de ciertas líneas en castellano exija un esfuerzo económico mayúsculo.
Cuando un gobierno autonómico decide adoptar su idioma como primera lengua en la educación, relega al castellano a la categoría de segunda lengua oficial. Es decir los conocimientos se transmiten en catalán, gallego o vasco. Esta medida nos acercaría a un bilingüismo, siempre relativo, que países de mayor tradición plurilingüe están lejos de alcanzar. Que unos conocimientos científicos, humanísticos, tecnológicos, puedan ser asimilados en otra lengua no debe representar ningún peligro para los castellanoparlantes. Un físico, un historiador o un biólogo nunca despreciará a un colega porque aprendió la disciplina en cuestión en un idioma diferente. Sus aportaciones tendrán el mismo peso científico se realicen en húngaro o en inglés.
Cuando los autores del manifiesto hablan de los derechos de los hablantes recuerdan a los argumentos esgrimidos por los que objetan que sus hijos cursen la Educación para la Ciudadanía. En ambos casos se defiende que las familias sean respetadas, en el caso de la nueva asignatura en sus convicciones morales y éticas, en el caso de los castellanoparlantes en su adscripción lingüística. ¿Quién es el Estado para adoctrinar a mis hijos? ¿Quiénes son las instituciones autonómicas para elegir el idioma vehicular de mis retoños? ¿Qué derecho tiene el Estado a perseguir a quienes reivindican unos valores diferentes o la lengua común?
En ambos casos se pide la intervención superior de los poderes, de la justicia, mediante recursos ante los tribunales, por los objetores a la Educación para la Ciudadanía, o del parlamento o del gobierno, mediante una ley del rango adecuado, por los autores del manifiesto. Lejos de cambiar a la opinión pública o de movilizar a los ciudadanos agraviados, confían en que el poder admita sus razones y restituya sus derechos pisoteados.
Si existiera un problema lingüístico grave de convivencia habría grupos sociales que respaldarían y se movilizarían por estas reivindicaciones. Y cada vez que se ha intentado, sobre todo en Cataluña, movilizar a un colectivo social por esta supuesta violación de derechos lingüísticos, se ha fracasado, y no se ha ido más allá de declaraciones, algunas firmas y ruido mediático. Porque la realidad es obstinada, hoy se puede viajar perfectamente desde Pontevedra a Perpiñán sin más bagaje lingüístico que la lengua común, atravesando cuatro comunidades con lengua propia, más el bable asturiano. Pero que alguien intente ir de norte a sur en Navarra con el único hatillo lingüístico del euskera, experimentará casi las mismas dificultades que un chino monolingüe en el Camino de Santiago.
Por todo ello, aunque la acumulación de agravios haya sido una de las estrategias más utilizadas históricamente para crear conflictos entre comunidades, enarbolada esta bandera por parte de un grupo de intelectuales y personas del ámbito de la cultura, supone cuando menos un ejercicio de estrechez de miras e insensato.
* Lingüista y profesor
(Noticias de Gipuzkoa 8/8/08)
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