Resulta llamativa la denuncia realizada ayer por el ministro español de Interior. Alfredo Pérez Rubalcaba que acusó a Juan José Ibarretxe de "disputarse el voto que Batasuna deja huérfano". Es llamativo porque pone en cuestión que alguien pueda pretender el voto de esos ciudadanos a los que se ha privado del derecho a elegir a la candidatura que deseaban. Es decir, parece que la ilegalización de partidos y la anulación de listas pretenden dejar fuera de la circulación política no sólo a esos partidos y a esas listas, sino también a varias decenas de miles de ciudadanos, cuyo voto estaría proscrito, vaya a donde vaya. La airada queja del ministro pone de manifiesto cuál es el verdadero miedo del PSOE y cuál el motivo, primero y último, de las anulaciones de las candidaturas de D3M y Askatasuna. Se trata de dejar fuera de las urnas a un buen número de votos abertzales, de forma que la suma de los votos constitucionalistas o españolistas dé más que los del nacionalismo vasco. Los socialistas y los populares pueden jugar con las manos libres a la hora de solicitar el voto españolista hasta debajo de las piedras, pero cuando se trata de pedir el voto abertzale, ahí empiezan ya las cortapisas: es legítimo reclamar el de éste y el de aquél, pero no lo es pedir el de aquel otro de más allá. El Gobierno español afirma que aplica la Ley de Partidos para evitar que ETA esté presente en las instituciones y asegura que no se trata de ilegalizar ideas. Si sus intenciones fueran sinceras, el PSOE debería alegrarse de que los ciudadanos que han apoyado a opciones que callan ante ETA, dirijan ahora su voto a partidos plenamente democráticos, y debería alentar a quienes colaboren en esa tarea. La denuncia de ayer del ministro demuestra lo contrario.
Juan Carlos Ibarra (Diario de Noticias de Alava)
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