El anuncio de la conclusión en el vertedero de Zaldibar de las labores de búsqueda de Joaquín Beltrán ha causado una lógica conmoción en la sociedad vasca que, dentro del drama que ha supuesto el derrumbe de la instalación y la desaparición de dos trabajadores, albergaba, al menos, la esperanza de que –tal y como ocurrió con el de Alberto Sololuze el pasado agosto– se hallara su cuerpo para entregárselo a su familia con el objetivo de que pudiera, así, cerrar esta durísima etapa de duelo. Se trata, sin duda, del final más triste. No era este tampoco el desenlace anhelado por el Gobierno Vasco en su calidad –si bien de forma subsidiaria– de ejecutor de los trabajos ni de los profesionales que han conformado el amplio operativo de búsqueda. Es, por ello, un día trágico en la historia de Euskadi y es obligado en estos duros momentos remarcar la cercanía y empatía de toda la sociedad con la familia de los dos trabajadores fallecidos, muy en especial con la de Joaquín Beltrán. Un final trágico, aunque no impredecible dada la inmensa dificultad de la tarea, en cuya ejecución no se han escatimado medios técnicos ni humanos: no en vano han trabajado a diario y sin interrupción durante un año y tres meses entre 80 y 100 profesionales altamente especializados y se ha excavado y rastrillado de forma pormenorizada un volumen de 450.000 metros cúbicos de tierra tras movilizar al menos 2,5 millones de toneladas de residuos, algo sin referencias similares en el mundo, tal y como apunta el informe sobre las labores realizadas. De esta tragedia deben extraerse conclusiones, soluciones y responsabilidades, más allá del estéril –y desgraciadamente habitual– ruido político adherido al cuanto peor, mejor, y que empezó ayer mismo, sin el más mínimo respeto al duelo, mediante la inicua exigencia de etéreas "responsabilidades políticas". El derrumbe de Zaldibar es un suceso muy grave que, más allá de la investigación judicial en curso y que tendrá su veredicto, obliga a tomar medidas. En el plano técnico, para impedir que algo así pueda volver a suceder garantizando que toda actividad, incluso la más peligrosa, se desarrolla de forma segura y responsable para la población y el medio ambiente. Y en el institucional, mediante un marco legal claro y el cumplimiento de controles efectivos que acrediten esta seguridad y responsabilidad.
Editorial del Grupo Noticias
