“Pancartas calumniosas contra el Estado” en un acto de recuerdo de los Sanfermines de 1978, y otras que componen en “unidad de acción” una campaña de “incriminación, desprestigio e incitación al odio contra los miembros de la Policía Nacional con la excusa de rememorar los trágicos sucesos de 1978 en los que fue asesinado Germán Rodríguez”. Es la surrealista acusación que cursa la citación de la Brigada Provincial de Información de la Policía Nacional por orden gubernativa para meter ruido ante una nueva causa-operación que no tiene ni pies ni cabeza y que, tal y como han denunciado diferentes colectivos y la mayoría parlamentaria, supone un claro ataque a la libertad de expresión. Algunas de estas personas han sido citadas a declarar en la Comisaría de Policía la próxima semana como propietarios de las viviendas donde se exhibieron los eslóganes. Más ridículo todavía. Una intervención que no se sustancia en ninguna iniciativa judicial ni tiene sentido alguno cuando lo que se trata es de recoger unos hechos de los que ya nadie cuestiona su injusticia. Precisamente en un momento en el que el Congreso ha pedido reabrir la investigación y el propio Ayuntamiento ha presentado un dictamen, que deja claro que el objetivo fue reprimir y escarmentar a la población, da la impresión que ahora se busca el mismo objetivo. El dictamen que presentó el Consistorio del grupo de trabajo basado en el informe técnico elaborado por la Universidad Pública de Navarra concluye que es fundamental la reapertura de los sumarios y presentar una querella por delitos de lesa humanidad. Al menos en la orden se reconoce el asesinato de Germán, y no hay que olvidar que no son otros que los herederos de los que dispararon al joven pamplonés en aquellos Sanfermines. La tesis por otro lado raya el terreno cuando menos opinativo. Todas las pancartas están firmadas con el logotipo de Sanfermines 78: Gogoan, el colectivo que organizó el acto. Herriak ez du ahaztuko!, Crimen de Estado, Inpunitateari stop impunidad son algunos de los lemas exhibidos el día 8. Ninguno denunciable desde luego. Desde la Delegación del Gobierno se señala que “es el procedimiento habitual cuando se detectan indicios de delito y que, en todo caso, será la autoridad judicial competente la que valore si existe o no tal delito”. Un lavado de manos. Las críticas al nuevo Gobierno central no se han hecho esperar.
Editorial del Diario de Noticias
