Amnistía Internacional ha condenado la falta de medidas del gobierno guatemalteco para investigar exhaustivamente ejecuciones extrajudiciales. Continúan denunciándose homicidios cometidos por agentes de policía, a menudo de jóvenes con antecedentes policiales o sospechosos de participar en delitos.Los medios de comunicación y las autoridades han calificado a menudo de “limpieza social” estas ejecuciones extrajudiciales, señalando que sus autores se toman la justicia por su mano para “librar” a la sociedad de quienes sospechan que están implicados en actividades delictivas.
Las autoridades guatemaltecas no investigan estos homicidios. Amnistía Internacional les pide que cumplan con la obligación que les impone el derecho internacional de los derechos humanos de proteger el derecho a la vida y poner a disposición judicial a quienes lo violen.
En Guatemala es muy alto el índice de delincuencia violenta, pero muy bajo el de sentencias condenatorias. Se calcula que el 98 por ciento de los homicidios que se cometen en el país quedan sin resolver. Amnistía Internacional ha recibido frecuentes informes sobre personas a las que, después de haber entrado en contacto con la policía, no se las ha vuelto a ver ya vivas. En la mayoría de los los casos, el cadáver de la víctima, a veces de tan sólo 13 años, ha aparecido tirado en un descampado o un basurero, con las manos atadas a la espalda y estrangulado o con múltiples balazos hechos a corta distancia. Amnistía Internacional
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