Afirmar que se actuará en aplicación estricta del principio de legalidad, nos lleva inexorablemente a plantearnos una cuestión esencial para poder resolver la controversia. ¿Cuál es la legalidad que regula las decisiones de alejamiento o acercamiento de los presos? La respuesta es bien sencilla. No hay normativa legal que regule los supuestos que podrían amparar una decisión de alejamiento. Pero a falta de una normativa legal sobre la cuestión, sin embargo, sí existe un principio que debe funcionar como regla general a la hora de decidir el centro donde se va a cumplir la condena. Este principio consiste precisamente en favorecer que el interno se mantenga en el establecimiento más próximo a su domicilio, a fin de garantizar lo mejor posible el derecho a la intimidad familiar, entendido como el derecho a la vida familiar consagrado como tal por el artículo 8.1 del Convenio Europeo de Derechos Humanos.
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Xabier Gurrutxaga, en El Correo Español
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