La industria de la telefonía móvil continúa abriendo mercados. Una vez conseguido el objetivo de que prácticamente cada ciudadano de los países occidentales posea un artefacto inalámbrico para realizar sus llamadas, las operadoras de telefonía móvil no han vacilado en seducir a los usuarios en fase de formación vendiendo móviles para la infancia. Asi, Movistar e Imaginarium han comercializado el modelo MO1, para pequeños a partir de 6 años. Tiene botones directos llamados "Papá" y "Mamá", tiene funciones limitadas y controladas por los padres y gracias al servicio "localízame" se puede saber en todo momento dónde se encuentra el móvil.
La compañía destaca que sus productos cumplen "los más estrictos controles de calidad". No hay duda de que, efectivamente, emiten datos a través de ondas electromagnéticas, como todos los demás, de gran calidad. Pero es que en España al parecer nadie se cuestiona que si esas ondas pueden ser perjudiciales para los adultos, mayor peligro corren los cerebros en formación.
Mientras el mundo, sobre todo Europa, va tomando conciencia del enorme problema de salud pública que amenaza con tapar nuestro débil bienestar con una infinita manta eléctrica. El Gobierno francés está preparando una ley que convertirá en ilegal la publicidad de teléfonos móviles dirigida a menores de 12 años. Y tiene previsto obligar a que todos los móviles se vendan acompañados de auriculares de manos libres para alejar la radiación del cerebro de los ciudadanos. En Finlandia y en el Reino Unido se han emitido recomendaciones oficiales para que los niños no usen estos aparatos.
En el parque de Artxanda, en Bilbao, hay, junto a una zona de juego para niños, una enorme torre de antenas base de telefonía y repetidores parabólicos herzianos. Los activistas de la plataforma Acción Conjunta de Afectados por los Campos Electromagnéticos, provistos de aparatos de medición de las constantes vitales del monstruo, revelan que las emisiones de ondas captadas son disparatadas si se analizan desde la óptica de la sociedad europea porque las administraciones están más pendientes de velar por los intereses de las operadores que de vigilar la calidad de la salud pública.
Diagonal
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