Definición legal de quinceañero, según el PP: alguien lo bastante mayor como para ir a la cárcel, pero no lo suficiente como para usar Facebook sin el permiso de sus padres. Como todo populismo lo bastante avanzado es indistinguible de la telebasura, la derecha ha encontado inspiración en los últimos sucesos macabros que arrasan en las audiencias, ese sensible medidor de la alarma social. Al calor de casos como las violaciones adolescentes de Isla Cristina y Baena, el PP ha propuesto en el Congreso varias medidas sobre esos seres que, según convenga son niños o menores; víctimas inocentes o villanos plenamente responsables, aunque tengan la misma edad.
Ayer tres diputados populares pidieron que los menores puedan quedar entre rejas a partir de los 12 años. Y en el mismo paquete, no se sabe a cuento de qué, también plantearon que los niños de menos de 18 sólo pudiesen conectarse a las redes sociales, como Facebook o Twenti, si presentan el DNI y una autorización paterna. Horas después, tras una lluvia de críticas, los conservadores descafeinaron el desatino y lo dejaron en que los padres fuesen informados "de las actividades de sus hijos en las redes sociales". De regular por ley la hora de llegada a casa, aún no han dicho nada.
Ninguna herramienta es inofensiva por sí misma, hasta una cuchara mal usada puede ser mortal. Como todo prejuicio injusto, la criminalización de Internet se alimenta de la falta de información, de la brecha generacional, de los que critican cuanto ignoran. Yo, ingenuo de mí, pensaba que en el caso de sus señorías, se arreglaría con esos ordenadores que hay ahora en cada escaño del Congreso. Veo que no.
Ignacio Escolar (Público)
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