Desde que en enero de 2005 el Gobierno segregara la antigua empresa pública integrada Renfe en dos empresas distintas (la operadora y la administradora de la infraestructura), tanto las condiciones laborales como el propio servicio prestado a la sociedad han sufrido un deterioro importante.
La segregación formaba parte de las políticas de destrucción de lo público, establecidas por el capital y asumidas por la Unión Europea y los gobiernos. Las bases de la liberalización del ferrocarril se establecieron en 1996 en un Libro Blanco que asumía la destrucción de empleo y condiciones laborales, así como la reducción de la seguridad, limitando las inversiones a una cuestión puramente estadística y tomando como elemento de comparación la altísima siniestralidad de la carretera. La privatización pionera de los ferrocarriles británicos se tomó en su momento como paradigma, pero su fracaso no ha frenado ni ha cambiado una política sumisa y peligrosa. (klik egin-ver más)
Esteban Guijarro (Sindicato Ferroviario de CGT) (en Diagonal)
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