Fue un pleno tenso. El pasado 8 de julio, el Congreso de los Diputados aprobaba, gracias a los votos del Partido Popular y con el apoyo de UPyD y UPN, la reforma de la Ley de Montes. Un texto que, a la postre, introducía una novedad importante: la posibilidad de recalificar zonas forestales quemadas siempre y cuando las comunidades autónomas consideren que existen “razones de interés público de primer orden” y sin necesidad de que pasen 30 años, como dictaba la anterior ley. La oposición puso el grito en el cielo ante lo que consideraba una “invitación a la especulación”, a lo que el diputado popular Manuel Torres respondió acusándoles de “falta de sensibilidad” con los habitantes del mundo rural, a los que se quiere limitar “sus posibilidades de desarrollo”.
Poco más de un mes después de aquel pleno, los devastadores incendios declarados en la sierra de Gata (Cáceres), Ódena (Catalunya) o en diversos puntos de Galicia copan los titulares en los medios de comunicación y levantan suspicacia entre buena parte de la población, que se pregunta si entre la citada reforma y el fuego existe una relación directa. (klik egin-ver más)
Daniel Cabezas, en La Marea
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