martes, 15 de noviembre de 2016

ALSASUA, UN SINSENTIDO TRAS OTRO

La detención de madrugada de ocho personas supuestamente vinculadas al altercado en un bar de Alsasua entre dos guardia civiles y sus parejas y un grupo de jóvenes a las cinco de la mañana es otro ejercicio de sobreactuación en un caso que está acumulando un sinsentido tras otro. Más aún cuando una de las personas ahora detenidas ya habían sido arrestada y prestado declaración el mismo día de los hechos ante la Policía Foral -cuerpo que asumió inicialmente la investigación-, y varias más se habían presentado en la Audiencia de Pamplona para declarar voluntariamente antes de que el caso fuera trasladado a la Audiencia Nacional. Hechos ambos que evidencian la inncesidad de estas detenciones con la parafernalia habitual de despliegue policial y presencia mediática. Los hechos que se investigan fueron sobredimensionados con informaciones falsas e intoxicaciones exageradas -que los primeros informes de la Policía Foral y de la propia Guardia Civil desmintieron- que situaron en buena parte de la opinión pública española una realidad falsa de la convivencia y del modo de vida en Alsasua y por derivación en Sakana y en el conjunto de Navarra. Con esos mimbres de tan escasa fiabilidad, la bola mediática dio paso a una serie de informes policiales y denuncias que acabaron derivando el altercado a la Audiencia Nacional como un presunto delito de terrorismo amparado en la modificación del Código Penal que aprobó la mayoría absoluta del PP y que ha sido denunciado por organismos internacionales, incluida la ONU, por su vulneración de derechos civiles y libertades democráticas. Una serie de actuaciones que han aumentando por elevación el alcance de los hechos, la calificación judicial de los presuntos delitos y han terminado con unas detenciones innecesarias. Al margen de cual sea el recorrido judicial final -la investigación se fundamenta por ahora sólo en los informes y las valoraciones de la Guardia Civil-, parece clara una desproporción entre las actuaciones y las acusaciones a los implicados y los propios actos que se juzgan. Sin olvidar que durante estas semanas se ha retorcido y falseado la realidad de Alsasua -localidad sometida a una inusual presencia de la Guardia Civil- y su compromiso con la memoria y el reconocimiento de las víctimas de la violencia, y se ha amenazado de muerte en las redes social al alcalde Javier Ollo y con pintadas fascistas a los propietarios del bar en el que sucedieron los hechos sin que hasta el momento haya habido una respuesta judicial en estos casos.
Editorial del Diario de Noticias

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