A raíz de los hechos acaecidos el pasado 15 de octubre, de madrugada, en un bar de la localidad de Alsasua, once jóvenes de la localidad han sido imputados por actos de terrorismo y siete de ellos han sido encarcelados provisionalmente. Tras un mes en prisión, cuatro de ellos han sido puestos en libertad con cargos y tres siguen en la cárcel. Desde el compromiso por la convivencia, la libertad, la justicia y el respeto por los derechos humanos y los principios del Estado de Derecho, las personas abajo firmantes mostramos nuestra preocupación por el desarrollo de los acontecimientos en torno a este caso.
Consideramos fundamental que la sociedad, sus representantes institucionales, los medios de comunicación y el sistema judicial observen los criterios de cautela, ecuanimidad y proporcionalidad. En este sentido, debemos ser respetuosos con la presunción de inocencia y, por ello, mostramos nuestra preocupación por la publicación de las identidades de los jóvenes —dos de ellos menores de edad—, y por la forma en que se han producido las detenciones, sin citación judicial, en lugares y horarios públicos a pesar de haberse personado anteriormente y de forma voluntaria a declarar. Se les ha negado el derecho al Juez natural y, como han señalado reputados juristas, las garantías procesales (derecho a la defensa, individualización de las responsabilidades, interpretaciones no extensivas, proporcionalidad, no arbitrariedad…) han quedado en entredicho.
Consideramos fundamental que la sociedad, sus representantes institucionales, los medios de comunicación y el sistema judicial observen los criterios de cautela, ecuanimidad y proporcionalidad. En este sentido, debemos ser respetuosos con la presunción de inocencia y, por ello, mostramos nuestra preocupación por la publicación de las identidades de los jóvenes —dos de ellos menores de edad—, y por la forma en que se han producido las detenciones, sin citación judicial, en lugares y horarios públicos a pesar de haberse personado anteriormente y de forma voluntaria a declarar. Se les ha negado el derecho al Juez natural y, como han señalado reputados juristas, las garantías procesales (derecho a la defensa, individualización de las responsabilidades, interpretaciones no extensivas, proporcionalidad, no arbitrariedad…) han quedado en entredicho.
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