Quiero suponer que nadie en el Gobierno de Pedro Sánchez, o en su comité de expertos, está pensando en prolongar el confinamiento obligatorio de los españoles de la tercera edad más allá que el del resto de la ciudadanía. Por mucho que esa medida se adoptara para intentar proteger del coronavirus a ese colectivo particularmente vulnerable, no dejaría de ser una discriminación ética y tal vez legalmente denunciable, una forma de secuestro específico de personas con libre albedrío y capacidad de adoptar decisiones racionales. Ni tan siquiera el coronavirus puede convertir a los mayores de 60, 65 o 70 años en menores de edad tutelados por el Estado.
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Javier Valenzuela, en Infolibre
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