El proyecto fue presentado el martes en conferencia de prensa. Se trata de una promesa de campaña durante 2019, por parte de la actual Primer Ministra Mette Frederiksen (Socialdemócrata), que consiste en crear impuestos adicionales y recaudar 400 millones de euros con el fin de financiar la jubilación anticipada de los trabajadores con situaciones de riesgo. En abril, tanto Dinamarca como otros países europeos, había dejado afuera de un plan de rescate económico por el Covid-19 a las empresas cuyos patrimonios estaban en cuentas offshore. Por ANRed
La promesa de campaña consistía en ampliar a jubilación a los 59 años a un sector de la clase trabajadora por motivos penosidad y peligrosidad del trabajo, en el que aproximadamente 38.000 personas podrían jubilarse anticipadamente beneficiándose de esta medida. Los nuevos impuestos se aplicarán a bancos, fondos de pensiones y a los inversores más adinerados del país. El objetivo de Frederiksen es que esta reforma entre en vigor en 2023, aunque hay que convencer todavía al ‘Folketing’, el parlamento nacional de Dinamarca. “No me puedo imaginar que este proyecto no obtenga la mayoría en el parlamento” declaró el martes pasado en conferencia de prensa la Primer Ministra.
El sector financiero, como era de esperarse, polemizó con la medida. La Asociación Nacional de los Bancos sostiene que esta propuesta de que ellos paguen más impuestos es una decisión política que no se ajusta y nada tiene que ver con el sector bancario. “Los políticos no pueden implementar semejante impuesto al sector financiero sin esperar que le pasemos la cuenta a los clientes” declaró Birger Krogh Nielsen, gerente financiero del Jyske Bank A/S, al medio bursátil Bloomberg.
A mediados de abril, cuando Dinamarca, junto con otros países europeos había presentado su programa de rescate a empresas debido a la crisis generada por el Covid – 19, había dejado afuera del beneficio a empresas con sus recursos en las llamadas cuentas offshore. Las autoridades danesas, a través del Ministerio de Finanzas, habían señalado que las empresas basadas en paraísos fiscales no estarían cubiertas: “Las empresas que buscan una compensación después de la extensión de los esquemas deben pagar el impuesto al que son responsables de conformidad con los acuerdos internacionales y las normas nacionales“. “Las compañías basadas en paraísos fiscales de acuerdo con las pautas de la Unión Europea no pueden recibir compensación, en la medida en que sea posible cortarlas bajo la ley de la UE y cualquier otra obligación internacional”, decía un documento presentado por el poder ejecutivo.
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