La Justicia colombiana tiene abiertas cerca de 60 investigaciones contra Álvaro Uribe, más de una docena de ellas en la Corte Suprema y 46 en la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes.
Las investigaciones abarcan una amplia gama de delitos, nexos estrechos con el paramilitarismo ultraderechista y el narcotráfico, más de 2.000 ejecuciones extrajudiciales durante sus mandatos presidenciales (2002-2010), espionaje y un largo etcétera.
Sin embargo, al igual que le pasó al gángster estadounidense Al Capone en los años 30 ─fue detenido no por sus numerosos crímenes sino por evasión fiscal─ Álvaro Uribe se encuentra en realidad en detención domiciliaria preventiva por causas comparativamente de nivel menor a nivel penal.
Como explicaba Pablo Elorduy en estas mismas páginas días atrás, la Corte Suprema lo investiga por soborno y fraude procesal, pero, al igual que en el caso de Al Capone son hilos que conducen directamente al gran ovillo y que de desenrollarse provocarán un verdadero terremoto político que puede arrastrar al actual Gobierno de Iván Duque ─delfín de Uribe─ y alterar todo el escenario político en Colombia e incluso en la región. (klik egin-ver más)
Roberto Montoya, en El Salto
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