34 años después de la masacre de Vitoria, siguen sin esclarecerse las responsabilidades penales. Ni las de la cadena de mando policial ni las de los funcionarios del Estado, que encabezados por el ministro de la Gobernación, Manuel Fraga Iribarne, decidieron disolver una asamblea obrera con armamento de guerra. Que no nos hable esta gente de dignidad democrática.
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