Puerto Rico dejará de pagar una parte de su deuda porque, si la paga, no tendrá dinero para servicios sociales básicos. La situación legal de Puerto Rico es complicada. Es un Estado Libre Asociado a Estados Unidos, pero no forma parte de Estados Unidos; es decir, no es como los 50 estados que forman Estados Unidos. Los puertorriqueños son ciudadanos de Estados Unidos, pero no pueden votar en las elecciones para presidente ni en las del Congreso.
Puerto Rico ni es independiente ni tiene las ventajas que tendría si fuera un Estado de Estados Unidos. Por ejemplo, en este segundo caso podría haberse acogido a la ley de quiebras ordenadas, como hizo recientemente la ciudad de Detroit, y haber recibido financiación de emergencia concedida por el Congreso. Puerto Rico ha acumulado una deuda de 72.000 millones de dólares, que para tres millones y medio de habitantes es mucha deuda. Todo esto va a agitar otra vez el debate político en la isla. En el referéndum celebrado en 2012, la mayoría de los portorriqueños pidieron convertirse en un Estado normal de Estados Unidos, pero en Washington no tienen ninguna prisa –ni ninguna intención- para llevar eso a cabo.
Jesús Torquemada (EITB)
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