Nicolas Sarkozy así lo quería y así se hará. Pese a la inquietud manifestada por los trabajadores del sector público, pese a los temores del resto de los medios de comunicación -prensa y radio-, el Gobierno francés aprobó ayer en consejo de ministros dos proyectos de ley por los que se suprime progresivamente la publicidad de la televisión pública y se atribuye al presidente de la República el nombramiento del presidente del grupo France Télévisions.
La publicidad será suprimida de los canales públicos de TV a partir del próximo 5 de enero en la franja nocturna, esto es, a partir de las 20 horas, y esta supresión será total y definitiva en el momento en que la emisión analógica desaparezca: a finales del 2011 o principios del 2012. Así lo anunció el presidente francés el pasado 8 de enero, y así ha sido finalmente aprobado, sin tocar ni una coma. El proyecto debería ser ratificado por el parlamento a finales de noviembre. Para facilitar la canalización del pastel publicitario ahora en manos públicas hacia las TV privadas -básicamente TF1 y M6-, el Gobierno ha decidido flexibilizar la actual regulación, de forma que se aumentará -de 6 a 9 minutos por hora de media- el volumen máximo de publicidad permitido; la cantidad máxima en una hora determinada seguirá siendo de 12 minutos, pero contada por horas de reloj como pedían las empresas audiovisuales, y se permitirá un segundo corte publicitario en las películas. Formalmente, el Gobierno justifica este drástico cambio de las reglas del juego en la voluntad de "liberar" al servicio público de televisión de la presión de la audiencia y los condicionamientos comerciales. Hay, sin embargo, otro argumento no confesado pero igualmente importante, si no más: canalizar una mayor financiación hacia las televisiones privadas con el objetivo de promover la constitución de grandes grupos privados de comunicación capaces de competir en el mercado mundial. En todo caso, el empeño de Sarkozy en este asunto no puede sustraerse a la sospecha, habida cuenta de su amistad personal con Martin Bouygues, presidente del principal grupo privado de televisión, TF1, y padrino de su hijo menor. Las organizaciones empresariales de la prensa diaria y semanal, así como de la radio, reclamaron ayer mismo -sin éxito- a la ministra de Cultura el aplazamiento de la reforma. Argumentan que el proyecto desestabilizará el mercado publicitario y perjudicará a todos los medios, al favorecer una concentración en los grandes canales privados de televisión. La ley establece también que el Estado francés se compromete a compensar con dinero público esta pérdida de ingresos de la televisión estatal -que los expertos calculan en 380 millones anuales sólo por el recorte nocturno- y con este fin ha decidido adoptar tres medidas: aumentar a partir de ahora de acuerdo con la inflación el canon televisivo que pagan los franceses -que puede pasar en 2009 de 116 a 118 euros de media-, gravar con una tasa el 3% de los ingresos publicitarios de las cadenas de televisión e imponer otra nueva tasa del 0,9% sobre la cifra de negocios de los servicios audiovisuales de los operadores de telefonía móvil. Pero el conjunto de estas medidas no ha resultado suficiente para tranquilizar a los trabajadores de France Télévisions, que temen importantes recortes, sobre todo en el canal France 3, en el que trabaja más de la mitad de los 11.000 empleados del grupo. La reforma prevé asimismo la transformación de France Télévisions en una sola empresa y el nombramiento de su presidente por el presidente de la República, en lugar -como ahora- de por el Consejo Superior de lo Audiovisual, que emitirá su opinión.
La publicidad será suprimida de los canales públicos de TV a partir del próximo 5 de enero en la franja nocturna, esto es, a partir de las 20 horas, y esta supresión será total y definitiva en el momento en que la emisión analógica desaparezca: a finales del 2011 o principios del 2012. Así lo anunció el presidente francés el pasado 8 de enero, y así ha sido finalmente aprobado, sin tocar ni una coma. El proyecto debería ser ratificado por el parlamento a finales de noviembre. Para facilitar la canalización del pastel publicitario ahora en manos públicas hacia las TV privadas -básicamente TF1 y M6-, el Gobierno ha decidido flexibilizar la actual regulación, de forma que se aumentará -de 6 a 9 minutos por hora de media- el volumen máximo de publicidad permitido; la cantidad máxima en una hora determinada seguirá siendo de 12 minutos, pero contada por horas de reloj como pedían las empresas audiovisuales, y se permitirá un segundo corte publicitario en las películas. Formalmente, el Gobierno justifica este drástico cambio de las reglas del juego en la voluntad de "liberar" al servicio público de televisión de la presión de la audiencia y los condicionamientos comerciales. Hay, sin embargo, otro argumento no confesado pero igualmente importante, si no más: canalizar una mayor financiación hacia las televisiones privadas con el objetivo de promover la constitución de grandes grupos privados de comunicación capaces de competir en el mercado mundial. En todo caso, el empeño de Sarkozy en este asunto no puede sustraerse a la sospecha, habida cuenta de su amistad personal con Martin Bouygues, presidente del principal grupo privado de televisión, TF1, y padrino de su hijo menor. Las organizaciones empresariales de la prensa diaria y semanal, así como de la radio, reclamaron ayer mismo -sin éxito- a la ministra de Cultura el aplazamiento de la reforma. Argumentan que el proyecto desestabilizará el mercado publicitario y perjudicará a todos los medios, al favorecer una concentración en los grandes canales privados de televisión. La ley establece también que el Estado francés se compromete a compensar con dinero público esta pérdida de ingresos de la televisión estatal -que los expertos calculan en 380 millones anuales sólo por el recorte nocturno- y con este fin ha decidido adoptar tres medidas: aumentar a partir de ahora de acuerdo con la inflación el canon televisivo que pagan los franceses -que puede pasar en 2009 de 116 a 118 euros de media-, gravar con una tasa el 3% de los ingresos publicitarios de las cadenas de televisión e imponer otra nueva tasa del 0,9% sobre la cifra de negocios de los servicios audiovisuales de los operadores de telefonía móvil. Pero el conjunto de estas medidas no ha resultado suficiente para tranquilizar a los trabajadores de France Télévisions, que temen importantes recortes, sobre todo en el canal France 3, en el que trabaja más de la mitad de los 11.000 empleados del grupo. La reforma prevé asimismo la transformación de France Télévisions en una sola empresa y el nombramiento de su presidente por el presidente de la República, en lugar -como ahora- de por el Consejo Superior de lo Audiovisual, que emitirá su opinión.
Lluís Uría
La Vanguardia
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