Solo 35,5 millones de euros, de los 113 previstos en el proyecto de inversiones sostenibles por el cuatripartito se van a poder invertir para mejorar el bienestar de la ciudadanía navarra. 35,5 millones de euros de los 113 contemplados;millones que son de Navarra, y fruto por cierto de una exitosa negociación del Convenio y de una buena gestión de lo público por este Gobierno. Pero no se pueden usar por decisión del socialista Gobierno de Madrid, que se negó a autorizar un crédito extraordinario preceptivo para estas inversiones. El galimatías puede ser considerable para la ciudadanía de a pie de calle: ¿Por qué un dinero que es de Navarra no puede ser empleado por Navarra? ¿Por qué es necesaria esa autorización del Estado, si el dinero está ahí y es la nuestra una Comunidad Foral con, se supone, elevadas cotas de autogobierno? La respuesta a esas preguntas es relativamente sencilla, y viene dada por la modificación del artículo 135 de la Constitución que pactaron, en 2010, PP y PSOE. En plena ola de recortes impuestos por Europa, aquella modificación constitucional limitaba el gasto de las Administraciones públicas y establecía para el Estado y las autonomías un déficit estructural máximo en relación con su PIB. Un límite de déficit fijado después por una ley orgánica que fue colocado incluso por debajo del que la Unión Europea permitía a sus estados miembros.
Virginia Alemán y Patxi Leuza (parlamentarios de Geroa Bai), y Juana García (miembro de Zabaltzen, asociación política integrada en Geroa Bai)
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